Las tres organizaciones reconocen en una nota el esfuerzo del Parlamento por incorporar alguna de sus reivindicaciones en el campo de la extranjería, "pero lamentamos, sin embargo, que en otros muchos temas prioritarios no se hayan logrado cambios significativos", señalan.

"Y lo que resulta más grave", añaden, "que en el último tramo parlamentario se hayan introducido elementos que se contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración".

Entre los aspectos "más negativos" de la nueva ley, destacan la introducción del concepto de esfuerzo de integración como requisito para para renovar permisos.

También critican la capacidad de las comunidades autónomas para llegar a acuerdos de cooperación con terceros países sobre menores extranjeros no acompañados y la posibilidad de que comunidades autónomas, ONG y fundaciones puedan tutelar a estos chicos.

Otros puntos que rechazan estas organizaciones son las sanciones a los españoles que faciliten el empadronamiento a inmigrantes irregulares y el recorte al derecho a la reagrupación familiar, que lo prohibe para los asendientes menores de 65 años.

Finalmente, repudian la ampliación del internamiento de los inmigrantes irregulares hasta un plazo máximo de 60 días y que a las mujeres extranjeras sin documentación que denuncian violencia de género se les abra un expediente de expulsión.

"Nuestros legisladores han perdido una oportunidad inmejorable para prestar un verdadero servicio del bien común y a la causa de los derechos humanos", concluyen estas ONG.