En este caso, la operadora había alegado contra una liquidación complementaria que le exigió el regulador correspondiente al ejercicio 2011. Telefónica rechazaba que se le compute para el canon por ingresos como el alquiler de descodificadores o las cuotas de instalación.

También aduce que los operadores de ámbito estatal o supraregional salen perjudicados si son nacionales y reitera la tesis sobre la inconstitucionalidad del canon a las ‘telecos’.

La resolución aprobada por el Consejo de la CMT el pasado 21 de febrero señala que la ley deja claro que el canon deberá calcularse “sobre los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente”, y sobre la supuesta vulneración constitucional del gravamen, dice que Telefónica “reitera literalmente las mismas planteadas” en ocasiones anteriores.

En relación con la discriminación a operadores por su nacionalidad, la comisión subraya que “nada impide que empresarios de otras nacionalidades opten por prestar servicios en un área geográfica coincidente con una comunidad autónoma o incluso inferior siempre que cumplan con los requisitos previstos en la normativa sectorial”.