Los procesados son Juan José Arruti, Alfonso Martínez de Lizarduy, José María Careaga, Francisco Elizalde, Ricardo Armendáriz, Ignacio Moreno Purroy, Jesús Marcos Calahorra, Ramón Sagarzazu, Jean Pierre Haracorene, Emilio Castillo, Ignacio Aristizábal Iriarte y Jesús Iruretagoyena. En la causa también están procesados el dueño del bar ‘Faisán’, Joseba Elosua, y el yerno de este, José Carmelo Luquín. Todos ellos están procesados por delitos de integración o colaboración con organización terrorista y amenazas terroristas.

El auto dictado hoy por Ruz señala que varios de los procesados pertenecían al aparato de extorsión de la banda de ETA que se dedicaba a cobrar el denominado ‘impuesto revolucionario’ a empresarios del País Vasco y Navarra.

Este citado, denominado ‘Gezi’, estaba controlado y dirigido por los llamados ‘miembros legales’ y contaba con la ayuda de otros terroristas que actuaban como intermediarios o interlocutores con los extorsionados para hacerles llegar las cartas de la organización criminal y participando posteriormente en la gestión y negociación del pago del denominado ‘impuesto revolucionario’. Este aparato, al menos desde diciembre de 2003, estaba dirigido por María Soledad Iparraguirre, alias ‘Amboto’.

BAR FAISÁN

La red operaba desde abril de 2004 en el bar ‘Faisán’, donde tuvo lugar el 4 de mayo de 2006 el chivatazo con el que se alertó a ETA de la operación que se iba a llevar a cabo contra su aparato de extorsión.

Por estos hechos, investigados en una pieza separada, van a ser juzgados el antiguo jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros como presuntos responsables de la delación.

La resolución hecha pública hoy señala la red de extorsión eligió el bar regentado por Joseba Elosua y su familia como “centro neurálgico donde se recibían informaciones de naturaleza económica y se gestionaban los contactos con los empresarios extorsionados, la negociación posterior, la entrega de los recibidos de pago e, incluso, la recepción de dinero y su posterior entrega a los miembros legales”.

El juez Ruz ha decidido dictar la conclusión del sumario después de haber recibidido este jueves la información solicitada a las autoridades francesas sobre el recibo de pago por la cantidad de 54.000 euros hallados en el domicilio de Francia del miembro del aparato de extorsión José Antonio Cau Aldanur, quien se encuentra imputado en Francia por los mismos hechos. Esta era la última diligencia pendiente para cerrar la instrucción.

El magistrado ha decidido concluir el sumario al haber sido practicadas “todas las diligencias de investigación que se han estimado necesarias para la comprobación del delito” y al haber sido “suficientemente concretada la participación de los procesados”.