Madrid y Cataluña fueron las más solventes en sus intervenciones. La primera fue la que más arremetió contra el nuevo modelo mientras que Cataluña de las que más lo saludó, aunque a ambas les unía un componente común, aun en sentido distinto: la idea de bilateralidad del proceso negociador, que Madrid denunció y Cataluña alabó.

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que abrió el debate, defendió el nuevo modelo de financiación autonómica, que, aseguró, garantiza las prestaciones sociales públicas esenciales, como la sanidad o la educación.

Para empezar, Salgado, que tuvo como oyentes principales a los consejeros del ramo de las CCAA -a excepción del vasco, que excusó su presencia-, afirmó que el sistema en ciernes dará respuesta a los problemas de ajustes de las necesidades de la población, “reduciendo las diferencias de renta per cápita y garantizando los servicios sociales esenciales”.

De igual modo, subrayó que reforzará las políticas del Estado de Bienestar gracias a la aportación extraordinaria, y consensuados en la fase final de la negociación, de unos 11.000 millones de euros.

Adicionalmente, agregó la ministra, el nuevo sistema supone una mejora para la estabilidad presupuestaria de las CCAA, pues permitirá la instrumentación del fraccionamiento de la devolución de las cantidades derivadas de las liquidaciones negativas del sistema actualmente en vigor.

Hizo hincapié en lo que el nuevo modelo supone para Canarias, pues refuerza el reconocimiento legal de su singularidad, al tiempo que se ceden nuevas competencias.

Tras su intervención, Salgado abandonó el Hemiciclo y se marchó al Congreso sin tener ocasión de escuchar a los consejeros, lo que aferaon algunos consejeros del PP, como el de La Rioja, Juan José Muñoz.

Su ausencia no importó al conseller catalán de Economía, Antoni Castells, que se desplazó a Madrid con la lección aprendida: “Satisfacción” por un modelo más solidario y más justo, también para Cataluña.

Y lo dijo en catalán: “Es un buen acuerdo para Cataluña y para España”, aunque advirtió contra quienes “pretenden una revisión involutiva del pacto constitucional” esparciendo la idea de que Cataluña es insolidaria.

Para Castells, el alcanzado el pasado mes de julio en la Comisión de Política Fiscal y Financiera fue un acuerdo “bueno” para Cataluña y para España, “por lo que tenemos un doble motivo de satisfacción”, dijo.

Además, recordó, la reforma del modelo era imprescindible para hacer cumplir el nuevo Estatuto de Autonomía catalán. “Es un modelo respetuoso con el Estatuto”, apuntó, “pero es también bueno para todos porque es un modelo generalizable y que no supone un privilegio para nadie”.

Admitió que hay elementos de bilateralidad y de carácter general, pero subrayó que son elementos “que quiere la Constitución”. Y sentenció: “Sí a una solidaridad justa, pero que no penalice a quienes hagan mayor esfuerzo de solidaridad”. En este contexto, lamentó que “algunos nieguen que haya solidaridad y presentan a Cataluña como insolidaria, contra toda evidencia. Solidaridad sí, pero la justa”.

Antonio Beteta, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, no se resistió a afirmar que el nuevo modelo de financiación autonómica, además de haber seguido un proceso de negociación falto de transparencia, está “impregnado de un fuerte componente político”.

Aunque precisó: “De la pequeña política, pues el método empleado por el Estado ha sido contrario a los principios constitucionales”. De este modo abrió su intervención el consejero madrileño, para quien “no ha existido una negociación real entre el Estado y la Comunidad de Madrid, ni con gran parte de las CCAA”, lo que lamentó.

Por contra, denunció que el Gobierno “ha usado un sistema de negociación bilateral con los partidos de su signo político y con la Generalidad de Cataluña, y ese acuerdo lo ha impuesto al resto de CCAA acompañado de una absoluta falta de transparencia”.

Si bien habló del conjunto, Beteta destacó durante su intervención el binomio Estado-Generalitat como fuente de los problemas para la comunidad que representa, en el contexto de lo que calificó como un “insolidario” e “injusto” reparto de los recursos.

SEGÚN EL COLOR

Andalucía expresó su apoyo “sin reservas” al nuevo modelo. Carmen Martínez, consejera de Economía y Hacienda, dijo que es un buen sistema porque avanza “de manera clarísima” en el principio de igualdad de todos los españoles frente a los servicios públicos, vivan donde vivan, así como en los de la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de las CCAA.

La consejera gallega de Economía, Marta Fernández, denunció, por su parte, actitudes “poco transparentes” del Estado con Galicia y opinó que el proyecto de financiación “no nos parece equitativo desde un punto de vista territorial”. Más comprensivo fue Jaime Rabanal, consejero de Economía del Principado de Asturias, que dijo que el resultado del modelo “es el reflejo de la complejidad y diversidad de las distintas realidades de las CCCA”.

Su vecino, el consejero cántabro de Economía , Ángel Agudo, subrayó, sobre el resto, lo concerniente al acuerdo sobre la devolución fraccionada a la Agencia Tributaria por parte de las CCAA de las liquidaciones negativas del modelo vigente, “lo que nos permite aliviar nuestros presupuestos”, en tanto que su homólogo riojano, Juan José Muñoz, afirmó que los criterios de reparto son “oscurantistas y las variables de reparto de los fondos adicionales no responden a la equidad y suficiencia, aumento de la autonomía e incremento de la corresponsabilidad”.

Incisiva fue la consejera murciana, del PP, Inmaculada García, para quien hubiera bastado con reformar los mecanismos de reconocimiento de la nueva población en el modelo vigente sin redactar uno nuevo, mientras que para Castilla-La Mancha, por medio de su titular de Economía, María Luisa Araújo, la propuesta del Gobierno es “oportuna”.

Carles Manera, conseller balear de Economía, quien, como su homólogo catalán, Antoni Castells, también se expresó en parte en catalán,

señaló como “muy importante” el que el Estado apostara por una revisión del modelo y afirmó ser “consciente de que los desequilibrios no se corrigen en uno o dos años, esto es imposible”. Pero, a su juicio, retomar el debate ha sido “para nosotros absolutamente vital. Nuestra realidad es que hemos sido una comunidad rica pero con una administración muy pobre”.

Pilar del Olmo, consejera de Castilla y León, cerró las intervenciones de los consejeros regionales lamentando que el diseño del fondo de garantías de servicios públicos fundamentales se basa en que las transferencias positivas de unas CCAA son financiadas con las transferencias negativas de otras, “y eso es engañoso, porque no significa que hay solidaridad entre CCAA”, denunció.