La querella, presentada esta misma mañana ante el Decanato de la Audiencia Nacional, ha recaído por reparto en el Juzgado de Instrucción número 3, del que es titular Gómez Bermúdez. El antiguo presidente de la Sala de lo Penal deberá ahora dar traslado de la querella a la Fiscalía antes de decidir si la admite o no a trámite.

IU y los demás querellantes piden además a la Audiencia Nacional que se haga cargo de la investigación sobre la supuesta contabilidad B del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en detrimento de Anticorrupción. Reclaman en concreto “que se requiera urgentemente a la Fiscalía Anticorrupción” la remisión de “la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado” en relación con la supuesta contabilidad B del PP y que “a partir de este momento cese en tal actividad”.

Además de Trillo y Acebes, la querella se dirige contra Rodrigo Rato, el ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo y los empresarios José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero, Alfonso García-Pozuelo, Juan Manuel Fernández Rubio, José Mayor Oreja, Antonio Vilella y Adolfo Sánchez.

De todos los querellados, Bárcenas, García-Pozuelo y Crespo se encuentra ya imputados en la Audiencia Nacional en el marco de ‘caso Gürtel’, que instruye el juez Pablo Ruz, lo que podría dificultar que Gómez Bermúdez se hiciese cargo de la investigación.

COBRO DE COMISIONES

El escrito presentado esta mañana acusa a Trillo, Acebes, Rato y los otros 12 querellados de delitos de asociación ilícita, alteración de precio en concursos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, contra la hacienda pública, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida.

La querella denuncia “pagos ilícitos –dádivas, sobornos- realizados por empresarios a varios de los miembros del PP y distribuidos posteriormente desde la estructura orgánica del partido mediante pagos efectuados a altos cargos del PP y miembros del Gobierno de España”.

Los empresarios habrían realizado estos pagos “a cambio de obtener contratos públicos u otros favores de las administraciones públicas”, las que “irregularmente otorgaron contratos u otro tipo de favores a las empresas”.

“El dinero acababa siendo repartido entre la cúpula del partido entre distintos altos cargos de la administraciones, incluidos varios ministros en ejercicio”, asegura la querella, que relaciona los pagos de los empresarios con adjudicaciones públicas.

En base a los papeles publicados por el diario ‘El País’, los querellantes aseguran que se produjeron ingresos presuntamente ilícitos por importe de 6.687.344 euros y uno pagos de dádivas a dirigentes del PP y altos cargos de la administración, incluidos ministros, por valor 6.550.411 euros. De este dinero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habría cobrado 322.231 euros.

IU y el resto de querellantes defienden que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos debido a que los delitos se habrían cometido en diferentes comunidades españolas y que los hechos han tenido repercusión en la “economía nacional”.