La huelga fue declarada ilegal por el Juzgado de lo Social y posteriormente confirmada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la resolución firmada por el Tribunal Supremo en enero de este mismo año.

Esta demanda de conciliación es el paso previo a los tribunales de justicia, explicó el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, después de que el Consejo de Gobierno conociera un informe sobre el estado de las negociaciones del nuevo convenio colectivo de Metro de Madrid para el periodo 2013-1015.

Dijo que “los sindicatos de Metro lo único que

quieren es ganar más y trabajar menos” y denunció que “pretenden impedir que la empresa reduzca sus gastos y sea financieramente sostenible y hacerlo como siempre, presionando y perjudicando lo máximo posible a todos los madrileños en la semana que recibimos en Madrid la visita del COI, como ya hicieron la pasada campaña navideña”.

Señaló que la oferta presentada por Metro de Madrid persigue ajustar las condiciones del nuevo convenio colectivo a la situación de la compañía en el actual contexto de crisis económica.

En él se refleja que la caída de la demanda que se ha venido registrando en los últimos años la sitúa en los niveles de hace una década y la plantilla creció en aproximadamente 2.200 trabajadores desde entonces, hasta casi 7.700.

Informó de que en la actualidad los gastos de personal suponen el 40% del presupuesto total de Metro o, lo que es lo mismo, obliga a destinar todo lo recaudado por venta de billetes exclusivamente a esta partida.

Afirmó que la oferta presentada por la compañía a la representación sindical incluye la revisión de “algunos privilegios reconocidos a los trabajadores en el anterior convenio, puesto que no resulta posible mantenerlos en el próximo”.

Destacó que la propuesta de negociación “persigue buscar un equilibrio en las cuentas de la empresa y mantener el máximo volumen de empleo posible llevando a cabo una reducción de los gastos”.

“Se propone una reducción no inferior al 10% sobre todos los conceptos salariales y económicos contenidos en el convenio; la suspensión de dos días retribuidos de asuntos propios o fijar una jornada de trabajo efectivo de 1.700 horas al año; modificaciones respecto a la organización del trabajo y al sistema de clasificación profesional; la supresión de las cláusulas referidas al mantenimiento de la plantilla en términos absolutos y que concede privilegios a los familiares de los empleados, así como el acceso a distintas fórmulas legales de contratación”, señaló.