El escrito presentado esta mañana por el coordinador general de IU, Cayo Lara, solicita a la Audiencia Nacional “que se requiera urgentemente a la Fiscalía Anticorrupción” la remisión de “la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado” en relación con la supuesta contabilidad B del PP y que “a partir de este momento cese en tal actividad”.

La querella, basada en los supuestos ‘papeles de Bárcenas’, se dirige contra los antiguos dirigentes del PP Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, a los que se acusa de un total de 11 delitos por haber presuntamente cobrado comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones a dedo. También se dirige contra el propio Bárcenas y contra su antecesor en la Tesorería del PP, Álvaro Lapuerta.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, explicó hoy a las puertas del registro de la Audiencia Nacional que con la querella pretenden “que se haga justicia en este país para regenerar la democracia” y para acabar con “la supuesta corrupción que está empañando la vida publica española y que está desafectando a los ciudadanos”.

La querella, presentada por Izquierda Unidad, Ecologistas en Acción, Federación Los Verdes y otros organismos como la Asociación Libre de Abogados, atribuye a miembros del PP y empresarios delitos de asociación ilícita, alteración de precio en concursos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, contra la hacienda pública, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida.

COMISIONES DE EMPRESARIOS

En el escrito también se acusa de varios delitos a un total de nueve empresarios que, según los supuestos ‘papeles de Bárcenas’, habrían pagado comisiones al PP. Estos empresarios son José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero, Alfonso García-Pozuelo, Juan Manuel Fernández Rubio, José Mayor Oreja, Antonio Vilella y Adolfo Sánchez. En la querella se incluye además al ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo. De todos los querellados, Bárcenas, García-Pozuelo y Crespo se encuentra ya imputado en la Audiencia Nacional en el marco de ‘caso Gürtel’.

El escrito denuncia “pagos ilícitos –dádivas, sobornos- realizados por empresarios a varios de los miembros del PP ahora querellados y distribuidos posteriormente desde la estructura orgánica del partido mediante pagos efectuados a altos cargos del PP y miembros del Gobierno de España”.

Los empresarios habrían realizado estos pagos “a cambio de obtener contratos públicos u otros favores de las administraciones públicas”, las que “irregularmente otorgaron contratos u otro tipo de favores a las empresas”.

“El dinero acababa siendo repartido entre la cúpula del partido entre distintos altos cargos de la administraciones, incluidos varios ministros en ejercicio”, asegura la querella, que relaciona los pagos de los empresarios con adjudicaciones públicas reflejadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En base a los papeles publicados por el diario ‘El País’, los querellantes aseguran que se produjeron ingresos presuntamente ilícitos por importe de 6.687.344 euros y uno pagos de dádivas a dirigentes del PP y altos cargos de la administración, incluidos ministros, por valor 6.550.411 euros. De este dinero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habría cobrado 322.231 euros.

COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA

Lara aseguró que los hechos son competencia de la Audiencia Nacional porque “las actividades se han producido en distintos territorios del Estado y tiene una envergadura nacional que afecta a los interese general”. La querella especifica que los delitos se habrían cometido en Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña y Andalucía y defiende la conexión de los hechos denunciados con varios de los aspectos investigados en el ‘caso Gürtel’.

La querella solicita a interrogue a los imputados así como que se llame a declarara seis testigos, entre ellos al expresidente de Baleares Jaume Matas; al presidente del Senado, Pío García Escudero; y al antiguo diputado popular Jaime Ignacio del Burgo.

IU y el resto de querellantes solicitan asimismo, entre otras cosas, que se requiera al Tribunal de Cuentas la contabilidad del PP entre 1990 y 2009 y a la Seguridad Social la vida laboral de Bárcenas.