Fenebús reclama la privatización del transporte público por carretera y una nueva ley de huelga
- Pide que las empresas tengan acceso al saldo de puntos del carné de los conductores para fomentar la seguridad
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El presidente de la Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Fenebús), José Luis Pertierra, reclamó este jueves la privatizacfión de todas las empresas púbicas de este sector y una nueva ley de huelga que haga compatibles el derecho de los empleados que quieran hacer huelga con el de los que no lo deseen.
Durante su comparecencia en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso, Pertierra planteó un decálogo de propuestas por parte de su sector que considera necesarias para mejorar la situación actual.
Entre ellas, Fenebús solicita la aprobación de una ley de financiación del transporte urbano que permita potenciar sus servicios en igualdad de trato entre empresas de gestión pública y privada.
“En línea con la política económica del Gobierno, solicitamos se acometa de inmediato la privatización de todas las empresas públicas de España”, enfatizó su presidente.
También reivindica la apobación de una ley de huelga, en desarrollo del artículo 28.2 de la Constitución, que garantice la compatibilidad del derecho a la huelga con el derecho al trabajo y al mantenimiento de los servicios públicos esenciales de la comunidad.
Fenebús propugna una actualización de las tarifas de los servicios regulares de carácter general para recuperar el déficit tarifario en el sector y, adicionalmente, la aprobación de un sistema de tarifas “valle, llano y punta”, como el de otros medios de transporte, que les permita competir con ellos en igualdad de condiciones.
Asimismo, pide una igualdad de trato entre los distintos medios de transporte tanto a nivel de inversión como de gestión de servicios, impulsando la intermodalidad para conseguir un transporte más eficiente y sostenible.
También propone mejorar las infraestructuras de transportes dedicadas al autobús, fundamentalmente con medidas de promoción en el uso del transporte público, como los carriles-bus, plataformas reservadas, aparcamientos disuasorios en las zonas periféricas de las ciudades, etc.
Además, quiere que se apoye la implantación de nuevas tecnologías en sus empresas y la recuperación de la deducción por inversiones más eficientes en el Impuesto de Sociedades.
Reclama el mantenimiento de la fiscalidad en el gasóleo de automoción empleado por los profesionales del transporte por carretera, estableciendo el impuesto mínimo a que hace referencia la Directiva 2003/96/CE, eliminando o compensando los tramos autonómicos de la tasa a través de la aplicación del gasóleo profesional.
Fenebús considera que en el momento actual es totalmente inadecuado acometer una reforma de la legislación básica sectorial del transporte por carretera, como se hace en el proyecto de ley que se encuentra en tramitación parlamentaria.
“En nuestra opinión sería suficiente una revisión del capítulo de infracciones y sanciones, que por otra parte ya se había consensuado con el propio sector en el año 2011, y resulta innecesaria la adaptación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) a los reglamentos comunitarios, dado que los mismos son de aplicación directa a todos los Estados miembros”, señaló Pertierra.
Para mejorar la seguridad en los autobuses por carretera, reclamó controles de alcohol y de drogas, ya que el consumo de estas sustancias detectado en la investigación de accidentes es frecuente y más del 40% de las víctimas mortales en estos siniestros registradas en 2011 las habían tomado.
También destacó la necesidad de que exista un control de puntos del carné del conductor profesional, a fin de que las empresas tengan visibilidad sobre este aspecto, lo cual evitará riesgos de seguridad e impacto público.
El responsable de Fenebús indicó igualmente que la nueva aplicación de la normativa vigente que afecta a un conductor hace responsable a la empresa de la infracción que comete, derivada de un comportamiento personal exclusivo del empleado.
Por tanto, entiende que es preciso que haya una correspondencia de responsabilidad por parte de la Administración para diferenciar, cuando proceda, la responsabilidad exclusiva e individual del conductor respecto a la de la empresa si se evidencia que ésta ha puesto todos los medios y recursos necesarios para evitar el riesgo y la conducta indebida aparejada al hecho sancionable producido por el conductor.
TRANSPORTE ESCOLAR
Esta misma semana, la Dirección General de Tráfico (DGT) está realizando una campaña para vigilar la seguridad en el transporte escolar.
En este sentido, el presidente de Fenebús remarcó que los autobuses escolares son mucho más seguros que una buena parte de los vehículos particulares en los que viajan menores.
“Nuestros vehículos de transporte escolar están sometidos a control y vigilancia normativa específica, donde se exigen condiciones especiales para los conductores y un seguimiento especial de su cumplimiento, cosa que no se da en otros vehículos, fundamentalmente en monovolúmenes o vehículos de pequeño tamaño”, explicó Pertierra.
Aclaró que la obligatoriedad de llevar cinturones de seguridad sólo la tienen los autobuses escolares matriculados a partir de octubre de 2009, si bien precisó que los anteriores a esta fecha se han adelantado a la norma y la han aplicado voluntariamente y a su costa.
Sin embargo, dijo que no siempre es posible hacerlo debido a la construcción del vehículo, que en ocasiones no permite la instalación de esos dispositivos.
(SERVIMEDIA)
28 Feb 2013
JCV/gja