Entre estas organizaciones se encuentran Acsur-Las Segovias, Asociación Marroquí de los Derechos Humanos, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación de Amigos del Uruguay, Comisión Española de Ayuda

al Refugiado (Cear), Casa Argentina de Madrid, SOS Racismo Madrid, Centros Pueblos Unidos (promovidos por los Jesuitas), la Fundación San Juan del Castillo y la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee).

La misiva dice a los diputados que esta cuarta reforma de la Ley de Extranjería, "una vez más, no legisla para una gestión de la inmigración respetuosa con los derechos humanos y por una sociedad intercultural basada en la convivencia pacifica entre las personas".

"Una vez más, se apuesta por crear instrumentos legales que legitimen las políticas de restricción de derechos y libertades a las personas migrantes, y por el control policial, fomentando así la criminalización de este colectivo", añade la carta.

Entre los puntos de la nueva ley que disgustan a estos colectivos se encuentra la ampliación, "sin ninguna justificación", del periodo de internamiento de los inmigrantes irregulares hasta 60 días.

Además, estas ONG lamentan la limitación de la reagrupación familiar de los ascendientes menores de 65 años, así como la apertura de un expediente de expulsión a las inmigrantes que denuncien violencia de género.

También denuncian que "la ley aprobada vuelve más frágil el acceso a los derechos, al sancionar la solidaridad de quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el padrón municipal y otros apoyos".

"En definitiva, esta es otra reforma miope, que mantiene un modelo ineficaz, como ha demostrado la proliferación de cambios en la ley y debates estériles; pero, sobre todo, es una reforma que legaliza la injusticia con las personas migrantes", concluye la misiva.