El parlamentario popular Carlos Urquijo instó así al consejero de Interior, Rodolfo Ares, a “no esperar a un pronunciamiento judicial” para anular el acto convocado por el Movimiento Pro Aministía el próximo sábado en Bilbao.

Urquijo pidió al responsable de Interior que haga uso de la facultad que le confiere el artículo 10 de la Ley 9/1983 reguladora del Derecho de Reunión, en el que se subraya textualmente que “si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación (…)”.

De este modo, subrayó que Segi fue ilegalizada por pertenecer al entramado de ETA y reiteró que el acuerdo para el cambio democrático firmado entre PP y PSE-EE fija como bases de su colaboración “la deslegitimación del terrorismo y su derrota desde el estricto cumplimiento de la ley”. “Confío en que la voluntad política y el amparo de la ley sea suficiente para impedir esta manifestación”, dijo.

En este sentido, solicitó a Ares que utilice “todos los medios materiales y legales” para terminar con la “impunidad de aquellos que defienden la utilización de la violencia como medio para alcanzar fines políticos”.