Cuatro grupos parlamentarios, PSOE, CiU, Izquierda Plural y UPyD habían presentado propuestas específicas, y todas ellas fueron rechazadas.

El PSOE pedía que el Congreso de los Diputados acuerde “abordar” la modificación de la legislación hipotecaria y la regulación de un procedimiento “dar solución al problema del sobreendeudamiento sobrevenido de personas y familias”.

Pedía que se hiciera durante la tramitación de la Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular, tomada en consideración recientemente por el pleno, y del Proyecto de Ley del Gobierno que se están tramitando en la Cámara.

CiU instaba al Gobierno a impulsar “la urgente aprobación de las medidas destinadas a paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria a los colectivos objetivamente vulnerables”, y a facilitar la mediación “para que las personas y familias en riesgo de ejecución puedan tener una segunda oportunidad y permanecer en la vivienda”.

Por su parte, Izquierda Plural, dentro de su propuesta de resolución sobre defensa de los derechos sociales, pedía que el Gobierno asumiera las medidas contenidas en la ILP “desde la consideración de la vivienda como bien básico no sujeto a especulación”.

Por último, UPyD abogaba por “permitir la liquidación legal de las deudas hipotecarias impagables con fórmulas de dación en pago mediante concurso privado de acreedores”.

También proponía la “negociación de la deuda entre acreedor y deudor, medidas de protección contra el sobreendeudamiento, y cualquier otra que garantice una segunda oportunidad a los afectados”.

Finalmente, quería “demorar con carácter urgente las ejecuciones y lanzamientos hipotecarios hasta que las reformas legales en curso permitan renegociar la deuda o liquidarla de acuerdo con el principio de “segunda oportunidad”, tal como sea regulado por la ley”.

El PP solo aprobó su propia resolución sobre vivienda, en la que insta al Gobierno a “facilitar” la reestructuración de la deuda hipotecaria a las familias que por la “crisis económica” no estén en condiciones de “afrontar sus pagos”.

El texto apuesta por “ofrecer un proceso de ejecución más beneficioso para el deudor” y también apunta que “se protegerá a los colectivos sociales más vulnerables mediante la ampliación del Código de Buenas Prácticas.

Asimismo, se pide aprobar en 2013 una Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas para potenciar el sector, “reactivar la economía y generar empleo”.

La resolución reclama igualmente poner en marcha un Plan un Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 e impulsar el Fondo Social de Viviendas.