Explicó que la actual Ley de Patrimonio Histórico, vigente desde 1998, “no ha contado con los desarrollos reglamentarios necesarios por falta de voluntad política, por lo que esta ley no ha cumplido adecuadamente su función” y añadió que “si la Comunidad de Madrid ha optado por su sustitución en lugar de por su pleno desarrollo y aplicación, se puede interpretar que el objetivo sea disminuir el grado de protección”.

El diputado de UPyD afirmó estar a favor de que la nueva Ley de Patrimonio Histórico “garantice los niveles de protección necesarios para conservar la riqueza histórica y cultural de los bienes patrimoniales de la Comunidad de Madrid y que la gestión de dicho patrimonio sea un factor positivo para la actividad económica”.