En nota de prensa, Cáritas destacó el apoyo de todas las fuerzas políticas a las propuestas de la ILP, que cerca de millón y medio de ciudadanos han respaldado con sus firmas.

Según la entidad, la pérdida de su vivienda “agrava la situación de vulnerabilidad de miles de personas y familias”, cuyo número crece de forma exponencial.

Por ello, reclamó la puesta en marcha urgente de un nuevo marco normativo “más justo”, que acabe con el “sinsentido de una sociedad donde se agrava el drama de las personas sin vivienda a medida que aumenta el número de viviendas sin personas”.

Entre otras medidas, Cáritas propuso una moratoria que paralice los nuevos desahucios, nuevas figuras que impulsen el alquiler social y la aprobación de una ley efectiva para proteger a los deudores hipotecarios de buena fe.

“El acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho recogido en la Constitución”, por lo que no debe dejarse al arbitrio del libre mercado, afirmó Cáritas. De ahí su petición, junto a Defensores del Pueblo, juristas y demás organizaciones sociales, a fin de procurar medidas efectivas que acaben con el drama de los desahucios.