Ambas organizaciones sotienen en un comunicado que "en el actual contexto económico, se están tomando decisiones que afectan de manera directa a la infancia. Los niños y las niñas no pueden ser los más afectados por una crisis de la que no son responsables, y la realización de sus derechos debe incluirse en la agenda política".

Por ello, plantean que la situación de la infancia en España "ocupe un espacio en el Debate que mañana comienza, así como en el conjunto de la legislatura".

Consideran que es necesario que el Gobierno se comprometa ya a establecer medidas orientadas a luchar contra la pobreza infantil, dotándolas de los recursos necesarios.

Unicef España y Save the Children han propuesto a los grupos parlamentarios la aprobación de medidas concretas como "el incremento del importe y la ampliación de la cobertura de las ayudas por hijo a cargo de la Seguridad Social, la mejora sustancial de la cobertura de becas de comedor y de libros que garanticen el acceso a la educación en condiciones de igualdad, y que se mejoren las condiciones de nutrición de los niños en hogares pobres".

Asi como que se facilite el acceso al empleo de los adultos con hijos a cargo, mediante ayudas o desgravaciones que mejoren su empleabilidad, junto con la mejora de los servicios de primera infancia (0-3 años) y su accesibilidad para las familias con menos recursos.

Respecto al capítulo dela violencia contra la infancia, ambas organizaciones consideran que es un "problema social grave", que requiere una atención específica, adecuada y coordinada por parte de todas las Administraciones Públicas".

Por esa razón, proponen la aprobación de una ley integral para combatir la violencia contra la infancia y establecer estándares mínimos comunes para todas las Administraciones Públicas en la próxima modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. El objetivo es poder garantizar la detección precoz de cualquier tipo de violencia contra la infancia.