El decálogo, presentado en el Congreso de los Diputados, es una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los grupos parlamentarios en víspera del Debate sobre el Estado de la Nación, que se celebrará el 20 y el 21 de febrero.

En el decálogo, las tres organizaciones demandan un cambio de rumbo con respecto a las políticas sociales, porque, a su juicio, las actuales sólo conseguirán empobrecer más al país, hacerlo más injusto y más inestable.

Asimismo, exigen al Gobierno una mayor protección de los derechos de las personas, priorizando a los colectivos más vulnerables; una reorientación del modelo energético para favorecer la creación de empleo y la sostenibilidad, y un cambio en la política fiscal y económica que contribuya a crear una sociedad justa y equitativa.

AUMENTAN LAS DESIGUALDADES

El director de Intermón Oxfam, José María Vera, manifestó que “el mantra de la austeridad ha significado una mayor desprotección para las personas que pertenecen a colectivos más vulnerables. Las desigualdades sociales se están multiplicando a pasos agigantados, y el Gobierno, en lugar de hacer que las personas que más tienen paguen más, hace lo contrario, apoyar todo el peso y la presión de la crisis en las clases medias y más vulnerables”.

En relación a esto, Vera denunció que “es inaudito que, mientras se piden sacrificios más allá de lo posible a las familias, el 85% de las empresas del Ibex 35 tengan presencia en paraísos fiscales y que la evasión fiscal alcance los 90.000 millones de euros. La lucha contra la evasión fiscal debería ser una prioridad”.

Por su parte, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, declaró que para que no existan más violaciones de los derechos humanos, el Gobierno debe modificar el Real Decreto Ley 16/2012, porque “limita” el acceso a personas migrantes en situación administrativa irregular al derecho a la salud.

Asimismo, el director de Amnistía Internacional aseguró que “las autoridades deben paralizar los desalojos forzosos hasta que las personas afectadas cuenten con recursos judiciales efectivos que les permitan defender sus derechos. Además, es fundamental que se reconozca el derecho a una vivienda adecuada como lo que es, un derecho humano”.

Beltrán también criticó el uso “excesivo” de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, porque “es inadmisible que personas que quieren manifestarse pacíficamente hayan sido objeto de abusos. Por ello, el Gobierno, en estos casos, tiene que investigar, identificar al culpable y castigarle”.

EMPLEOS VERDES

El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, señaló que “en un país que tiene seis millones de parados no nos podemos permitir el lujo de paralizar sectores como la energía renovable, la agricultura ecológica y la pesca sostenible, porque son sectores que generan mucho empleo”.

Los directores de las tres organizaciones esperan que el Gobierno acoja y estudie su propuesta, porque “en una democracia representativa hay que escuchar a la ciudadanía”, indicaron.