María Seguí, directora de la DGT, se refirió a este asunto en un encuentro informativo con Servimedia, donde analizó el indulto que el Gobierno concedió a un conductor kamikaze de Valencia que en 2003 acabó con la vida de un joven contra el que chocó en una autopista.

A este respecto, Seguí afirmó que “no debe ser política de ningún Gobierno que los indultos sean una práctica cotidiana”, al tiempo que sostuvo que el Ejecutivo no puede tener como guía de actuación el evitar “que la legalidad se cumpla”, en referencia a lo que sucede si se libra a un condenado de su pena.

La responsable de Tráfico indicó que la siniestralidad en la carretera “es un problema de todos, que entre todos tenemos que solucionar”. Añadió que esto incluye a los “profesionales” que tienen en su mano “fortalecer mensajes que son cruciales para mejorar la salud de la población”.

Por otra parte, respecto a si la DGT debería ser consultada sobre los indultos a conductores temerarios, Seguí señaló que no está dentro de su competencia, pero que “estaría encantada de participar de ese proceso si así fuera decidido”.

CASO CARROMERO

Por otra parte, la responsable de la seguridad vial se refirió a la vertiente de seguridad vial del caso de Ángel Carromero, afiliado del PP que fue condenado en Cuba a cuatro años de cárcel como responsable del accidente de coche que costó la vida a los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero.

Según Seguí, la sentencia que se impuso a Carromero puede ser “revocable” o “cuestionable” debido al régimen político que existe en Cuba, pero destacó que el fallo judicial establece que este ciudadano tuvo una “actitud negativa” al volante que ha sido sancionada.

A este respecto, la responsable de la DGT apuntó que, a tenor de las pruebas presentadas, Carromero hubiese podido ser condenado en España hasta a cuatro años de cárcel. Añadió, no obstante, que la legislación penitenciaria le permite disfrutar de “descuentos” en su pena, como a cualquier otro recluso que cumpla los requisitos.

En todo caso, Seguí remarcó que, independientemente del caso, hay que demandar la “responsabilidad” de los conductores a la hora de cumplir los límites de velocidad, puesto que son normas que “están para cumplirse”.