La misiva ha sido remitida por el portavoz del citado grupo parlamentario, José Luis Centella, al presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, a quien solicita que, de confirmarse los extremos denunciados a través de la prensa, se rescinda el contrato y se licite de nuevo el servicio.

“Ante este nuevo escándalo, por el presente escrito, le solicito que promueva la intervención de la Inspección de Trabajo para que investigue la eventual veracidad de estas acusaciones”, dice la carta, remitida ayer y hecha pública hoy.

Izquierda Plural, a través de Centella, solicita a Posada que, “en el caso de que se confirmen” los datos denunciados, “la Mesa de la Cámara proceda a la rescisión de la concesión otorgada a esta empresa y se licite de nuevo, siempre en condiciones que salvaguarden íntegramente los derechos de los trabajadores”.

Para el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara, de confirmarse, “estas prácticas” supondrían un fraude continuado a Hacienda y a la Seguridad Social”, así como un “delito contra los derechos de los trabajadores por minoración de sus futuras prestaciones de desempleo y pensiones de jubilación”.