En este sentido, el Cermi hace referencia a las recomendaciones ofrecidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ante la exclusión del ejercicio del derecho de voto, tras el examen al que sometió a España en el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de la ONU.

Así, destaca la revisión de toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, "independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás". Por ello, solicita al Estado que modifique el artículo de la Ley del Régimen Electoral General, que autoriza a los jueces a denegar el derecho de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular.

Según expone, esta modificación "debe hacer que todas las personas con discapacidad tengan derecho a votar". Asimismo, el Comité recomienda que todas las personas con discapacidad que sean elegidas para desempeñar un cargo público "dispongan de toda la asistencia necesaria, incluso asistentes personales".

Para el Comité, la regulación del derecho de sufragio "no puede presuponer ningún límite de capacidad para su ejercicio basado en la existencia de una discapacidad". En su opinión, esta limitación está tipificada como "indeseable por nuestro derecho antidiscriminatorio".

Asimismo, añade, "esta violación del derecho de sufragio es una paradoja del Estado democrático, que debe ser reparada con urgencia, ya que atenta gravemente contra la dignidad de las personas con discapacidad".

"El resultado del ejercicio de este derecho debe ser plenamente respetado, ya que, además de tener igual valor, en caso alguno supone una ilegalidad, si no, más bien, el respeto por la diversidad de quienes forman parte indiscutible de la sociedad, que legítimamente ostenta la facultad de elegir a sus gobernantes", señala.

Por otra parte, el Cermi informa también a los poderes públicos de su publicación ‘Tienes derecho a votar’, cuyo objetivo es informar a quienes en la actualidad no disfrutan de su derecho de sufragio, con la intención de que recuperen su voto, mientras la legislación no sea modificada para cumplir con la Convención de la ONU y respetar así su derecho fundamental.