El objetivo de ambos proyectos es aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.

Para el cumplimiento de ese objetivo, la ley de la cadena alimentaria se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena.

En relación con los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores, y para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, la novedad más significativa es la obligación de formalizarlos por escrito en determinados casos, dependiendo del importe y de la situación de desequilibrio.

Esta obligación afecta a las relaciones comerciales de los operadores que realicen transacciones comerciales, continuadas o periódicas, cuyo precio sea superior a 2.500 euros.

No obstante, cuando el pago se realice al contado, no será necesario suscribir un contrato, teniendo las partes la obligación de identificarse como operadores y documentar dichas relaciones comerciales mediante la correspondiente factura.

Por otro lado, el proyecto de ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen por mutuo acuerdo de las partes.

En cuanto a la autorregulación de las relaciones comerciales, el proyecto se centra en en establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que impulsarían el Ministerio y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria o la distribución, cuya adhesión es voluntaria.

El proyecto de ley crea también el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que además de realizar las funciones que ya tenía el Observatorio de Precios, asume otras nuevas como informar de la propuesta de Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria regulado en el anteproyecto, así como de las de otros códigos de buenas prácticas mercantiles.

Por su parte, el proyecto de ley de fomento de la integración cooperativa pretende mejorar la estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades, para impulsar entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico, con capacidad, dimensión y estructura empresarial que incremente su eficiencia y rentabilidad.

De esta manera persigue corregir los problemas del sector cooperativo español, que se caracteriza por su atomización, con cerca de 4.000 cooperativas y más de 1.000.000 de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012 y dando empleo directo a 100.000 trabajadores.

En la actualidad, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea.