En un comunicado, Unesa recuerda que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa habían repercutido principalmente sobre las compañías eléctricas, lo que supone un impacto económico anual para las empresas de alrededor de 3.200 millones de euros.

Unesa destaca que, con las medidas anunciadas el pasado día 1 de febrero, se adoptan iniciativas que afectan a todos los costes regulados en general y, además, se racionaliza el acceso, o bien a tarifa, o bien a mercado sin prima, evitando un arbitraje que penaliza a la tarifa y, por tanto, a los consumidores.

“Este Real Decreto Ley hace que no solo las tecnologías tradicionales tengan que soportar la imprescindible reducción del déficit de tarifa”, destaca.

Asimismo, considera llamativa “la reacción absolutamente desproporcionada de las asociaciones solares, principales causantes del déficit de tarifa, al ver modificados los mecanismos por los que se les actualizan sus cuantiosas primas, en una situación límite para la economía española”.

Por último, recuerda que el Tribunal Supremo, en diferentes sentencias, ha avalado la necesidad de que las subvenciones que reciben estas energías, como cualquier otra actividad regulada, se adecúen a las circunstancias de la economía que concede dichas subvenciones.