Para Dvuelta, la norma, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), vulnera varios aspectos de la Constitución en lo referente a la responsabilidad del titular del vehículo, el pronto pago de las multas y el plazo de prescripción de las sanciones.

En este sentido, el escrito indica que la previsión de atribuir objetivamente al titular del vehículo la responsabilidad por cometer infracciones relativas al estacionamiento "quebranta el principio de responsabilidad y de culpabilidad".

Además, para Dvuelta, "la reducción del 50% por pronto pago constituye de una descarada medida de contenido recaudatorio. Se trata de un verdadero disparate, pues el supuesto beneficio es inmoral, cuantitativa y cualitativamente hablando".

En este sentido, el escrito añade que este sistema de "bonificación" por pronto pago "no es más que una forma encubierta de castigar a quien quiera ejercitar su derecho fundamental a la defensa".

Además, Dvuelta denuncia al Defensor del Pueblo que la responsabilidad subsidiaria del titular por las multas impagadas del conductor es "una medida más propia del régimen franquista, que, desde luego, carece de cobertura constitucional".

Por último, solicita que se declare inconstitucional que las sanciones prescriban en cuatro años. "Con la nueva ley tarda más en prescribir una sanción por estacionamiento en zona regulada que decenas de penas del Código Penal calificadas como leves, llegando casi a equipararse a la prescripción de delitos como, por ejemplo, el de agresión sexual", apostilla.