Para conseguir este apoyo, el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, se reunirá con distintos ministros del Gobierno central y con los consejeros de justicia de las comunidades autónomas para conseguir que los jueces que instruyen sumarios relacionados con la corrupción cuenten con los medios materiales y personales necesarios.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó hoy en rueda de prensa que estos casos suelen conllevar “una gran complejidad” por lo que los instructores necesitan “apoyo específico para agilizar” las causas. Los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional solicitaron precisamente esta semana más medios para investigar la corrupción.

El presidente del Supremo y del CGPJ solicitó el pasado 24 de enero a los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de España “completa información de todos aquellos procesos relacionados con la corrupción política y económica”.

Moliner también ha pedido a los vocales del Consejo que aprovechen las visitas que realizan periódicamente a los juzgados y tribunales de toda España para “tener un conocimiento exhaustivo de los problemas que pueda afectar a estos juzgados”.

Bravo dijo que el Consejo es “consciente de la preocupación ciudadana ante la proliferación de los asuntos de corrupción política y económica”. “La sociedad ve como se van desmoronando las instituciones y los ciudadanos fijan su mirada en el poder judicial”, señaló.

REFORMA INCONSTITUCIONAL

La portavoz también informó de que el pleno de la institución ha aprobado hoy un informe que considera inconstitucional varios de los puntos de la reforma del CGPJ proyectada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Este informe crítico, redactado en base a la ponencia de Margarita Roble, fue aprobado por 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Además, de los 15 vocales que han votado a favor, seis han emitido un voto particular al estar en contra de que se sugiera al Gobierno la creación de consejos autonómicos de justicia.

El Consejo ha concluido por mayoría que la reforma de Gallardón supone el “desapoderamiento” del CGPJ y la “sumisión” del Poder Judicial al Ejecutivo. Bravo explico que, con la nueva regulación, muchas de las funciones atribuidas al Consejo pasarán al Ministerio de Justicia, por lo que consideran que atenta contra la independencia del Poder Judicial proclamada en la Constitución.

Cuatro de los cinco vocales que han votado en contra del informe consideran que la reforma no menoscaba la independencia del Poder Judicial.

Otros de los puntos que la mayoría del CGPJ considera inconstitucionales son los referidos a la renovación parcial del órgano y a la compatibilidad entre las funciones jurisdiccionales y las labores como vocales.