En Francia, las empresas de más de 20 trabajadores tienen la obligación legal de reservar el 6% de sus puestos a empleados con discapacidad, pero sólo la mitad lo hacen, siendo la media de contratados del 2,8% en las casi 123.000 compañías que deberían cumplir ese requisito, según datos del Ministerio de Trabajo galo.

Sin embargo, la situación está mejorando, ya que de enero de 2008 a la fecha actual el número de empresas con obligación de contratar trabajadores con discapacidad que no tiene ninguno en plantilla ha descendido de 27.000 a 12.000, debido a que las sanciones por esta causa se endurecerán a partir del próximo mes de enero.

Por otro lado, la actitud de los franceses con respecto a la integración laboral de personas con discapacidad es contradictoria, según se desprende de varias encuestas publicadas recientemente.

En un sondeo de Ipsos, el 94% de los encuestados afirmó que prestaría apoyo laboral a un compañero con discapacidad, sin embargo sólo el 14% opinaba que sus compatriotas lo harían.

Dicha encuesta también revelo que la discapacidad sigue siendo un tema “incómodo”, según el 31% de los participantes, de los que 38% eran jóvenes.

Otra encuesta realizada para la Asociación para la Integración Social y Profesional de las Personas con Discapacidad (Adapt) también mostró que el 59% de los encuestados consideraba que es difícil integrar a una persona con discapacidad intelectual en el mercado laboral, y lo mismo opinaban el 58% y el 54%, sobre los ciegos y las personas con discapacidad motriz, respectivamente.

Pese a todo, los trabajadores con discapacidad han perdido menos el empleo durante la crisis económica que la media, debido a que la legislación gala ha protegido sus puestos de trabajo, según datos de Adapt.