Estas medidas fueron expuestas por el responsable del Cermi, en la apertura de la jornada organizada por el Imserso en Madrid sobre viviendas accesibles para todas las edades.

Como primera iniciativa, el Cermi reclamó la pronta aprobación por el Gobierno del Documento Técnico de Accesibilidad, que ha de entrar a formar parte del Código Técnico de la Edificación (CTE), de modo que la normativa sobre construcción y edificación incorpore los mismos criterios técnicos de accesibilidad universal para todo el territorio nacional.

El representante del Cermi indicó que esta modificación del CTE tendría que estar en vigor desde el 1 de enero de 2009, pero que casi un año después, el Ministerio de Vivienda no ha culminado los trabajos necesarios para que esta norma sea aplicable.

Como segunda medida, el Cermi exigió la reforma urgente de la Ley de Propiedad Horizontal, para que las comunidades de propietarios asuman íntegramente el coste de las actuaciones de accesibilidad, y no recaiga como hasta ahora en exclusiva en las propias personas con discapacidad o mayores de 70 años. “Se trata de una vieja reivindicación del sector de la discapacidad, que requiere una respuesta inaplazable por parte del Gobierno”, según Pérez Bueno.

También solicitó la modificación de la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad, del año 1982, para elevar al 6% la cuota de viviendas que han de reservarse a personas con discapacidad en las promociones públicas y en las viviendas sociales. Además de pasar del 3 actual al 6%, el Cermi demanda que esa reserva se abra a entidades del Tercer Sector no lucrativo, a fin de que las dediquen a proyectos de vida autónoma e independiente de personas con discapacidad, tales como viviendas con apoyo o asistidas, transición de la institucionalización a la vida en comunidad, etc.

Otro de los aspectos propuestos desde el Cermi fue el de que las ayudas a la autonomía personal para actuaciones de accesibilidad en el domicilio, previstas en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal, pasen al catálogo de prestaciones y servicios, con rango de auténtico derecho, y que dejen de ser como hasta ahora una concesión graciable, al arbitrio de las Administraciones y en función de los presupuestos disponibles.

Para concluir, el Cermi pidió que en las políticas de rehabilitación de entornos urbanos antiguos o degradados que desarrollan las Administraciones Públicas la accesibilidad constituya un eje prioritario de actuación.