Filse explicó en un comunicado que cada vez es "más frecuente que los profesionales del sector que optan a hacer un trabajo en administraciones y empresas públicas se encuentren ante pliegos de condiciones económicas y técnicas que no respetan la calidad del servicio, sino que atienden, únicamente, a su costo.

Sin embargo, señalaron los intérpretes, esta profesión conlleva años de estudio y preparación, habilidades técnicas y humanas encaminadas a romper las barreras comunicativas y de accesibilidad con las que se encuentran las personas sordas y sordociegas en su vida diaria.

Y es que, argumentaron, para proporcionar un buen servicio de interpretación no solo hay que cumplir la ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, "sino que hay que impregnar de dignidad el trabajo que día a día desempeñan estos profesionales eliminando barreras".

Este trabajo, añadieron, puede parecer invisible, pero es "imprescindible" en la integración de las personas sordas y sordociegas.

Tan imprescindible es este trabajo, a juicio de la federación, como lo es el de un traductor de lenguas orales para alguien que no conoce el idioma de su interlocutor.

Por eso, se pregunta Filse, "¿actuarían de la misma manera estos políticos o gestores si en una reunión con un homólogo de otro país necesitaran del servicio de un traductor-intérprete de lenguas orales y la precaria calidad del servicio les impidiese recibir información de suma importancia en esa situación comunicativa?".