Andrade, que fue elegida presidenta de la confederación el pasado jueves, reclamó que las administraciones públicas “sean las primeras en cumplir con la Ley de Morosidad para trasladar, a continuación, su ejemplo a las empresas y evitar así la falta de liquidez que existe en el mercado y que paraliza absolutamente la actividad de los jóvenes empresarios”.

En esta línea, el secretario general afirmó que el pago adelantado del IVA “es un lastre para la actividad empresarial". A su juicio, “no puede ser que la empresa esté financiando al Estado con dinero que la propia Administración no ha abonado”.

En cuanto a la concesión de créditos por parte de las entidades bancarias para la financiación de proyectos a los jóvenes empresarios, Andrade definió la situación como de “sequía absoluta”. “Las entidades bancarias no entienden que la viabilidad del proyecto pueda servir como aval”, subrayó.

Asimismo, apuntó que “muchas entidades bancarias reciben dinero público y no lo están utilizando para dar crédito a las empresas para que podamos poner en marcha la economía, el consumo y crear empleo”.

En este sentido, Ángel Gómez apoyó la creación de un Fondo de Impulso y Sostenibilidad Empresarial que permita la creación de “mecanismos paliativos y provisionales” que agilicen el acceso al crédito. Según explicó, en la actualidad transcurren entre seis y diez meses hasta que el empresario consigue un préstamo, por lo que propuso la creación de nuevas fórmulas de financiación a corto y largo plazo.

Para CEAJE, estas propuestas se complementarían con la puesta en marcha de un sistema financiero que dé respuesta a los empresarios, con un marco jurídico estable y con la optimización y una mejor canalización de los fondos públicos.