En un estudio, Competencia constata que los Reglamentos de funcionamiento de las Mercas, que son aprobados por los respectivos Ayuntamientos, contienen numerosas cláusulas que pueden distorsionar la competencia y generar un perjuicio injustificado a los consumidores y usuarios finales, bien generando barreras de entrada a nuevos mayoristas, bien reduciendo la rivalidad entre los asentadores de los mercados, o bien imponiéndoles la asunción y pago de servicios innecesarios.

También, la CNC concluye que la reserva de actividad a las entidades municipales que prevé la Ley de Bases de Régimen Local ha perdido "gran parte" de su razón de ser, en la medida en que han aparecido nuevos canales y nuevas formas comerciales no reservadas al sector público y que no comprometen los objetivos de calidad, seguridad y trazabilidad alimentaria, por lo que dicha reserva podría constituir una barrera "innecesaria" al comercio mayorista.

Finalmente, por lo que respecta a la gestión del servicio de mercados centrales, el estudio de la CNC afirma que la forma de gestionar la Red de Mercas, centralizada en torno a Mercasa, puede generar "eficiencias pero desincentiva la competencia entre las Mercas que pertenecen a la Red de Mercasa y debilita la competencia entre mayoristas en destino pudiendo tener efectos negativos sobre los eslabones siguientes de la cadena y los consumidores finales".

Ante esto, el organismo recomienda, para mejorar el funcionamiento interno de las Mercas, tanto las integradas en la Red de Mercasa como las que no, revisar sus Reglamentos internos de funcionamiento y cualesquiera otras normas municipales relacionadas con éstas y a suprimir cualquier previsión que obstaculice la competencia y no responda a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

Finalmente, la CNC recomienda al Gobierno adoptar las medidas necesarias para incrementar la autonomía de gestión de las Mercas pertenecientes a la Red de Mercas de Mercasa, a fin de impulsar una mayor competencia entre ellas.