El texto fue convalidado con el voto favorable de 174 diputados, el rechazo de 146 y la abstención de 6 parlamentarios. Por su parte, la tramitación del decreto como proyecto de ley fue rechazada por 174 diputados, mientras que 152 votaron a favor y un parlamentario se abstuvo.

En la defensa de este decreto, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, defendió que la nueva regulación del sector de empleados del hogar “simplifica” el modelo introducido por el anterior Gobierno al establecer una “nueva escala de cotización con menos tramos”.

Así, subrayó que esta “mejora en la gestión” favorecerá “el mantenimiento y la creación de empleo” en este sector.

También apuntó que los cambios que introdujo el anterior Gobierno en la regulación de este colectivo ha fracasado debido en buena parte a la complejidad que presentaba, por lo que defendió la necesidad de revisar el modelo.

En las críticas de la oposición, la diputada del Grupo Socialista Isabel López i Chamosa, denunció que se trata de una “reforma precipitada” del régimen de empleadas del hogar y añadió que considera que se podría haber logrado un “consenso total” entre los dos principales partidos, pero que las prisas lo dejaron en “parcial”.

Sobre las cuestiones relativas a las pensiones, añadió que el Ejecutivo es “la termita del Estado de Bienestar de este país”.

Por su parte, el diputado de CiU, Carles Campuzano, fue más moderado y apostó por esperar a ver las consecuencias de la nueva normativa sobre las empleadas del hogar. En este sentido, consideró que las modificaciones que introduce el Gobierno “no suponen una revolución” respecto a la anterior regulación.

El portavoz del PNV en la comisión del Pacto de Toledo, Emilio Olabarría, cuyo grupo se abstuvo en la votación, consideró que la suspensión de la actualización de las pensiones supone una “expropiación” a los pensionistas que, además, es “contraria a la jurisprudencia constitucional”.

Mientras, Joan Coscubiela, de La Izquierda Plural, denunció que el Gobierno está “sobrepasando todos los límites”.

Asimismo, el diputado de ERC, Joan Tarde, tachó de “inaceptable” el decreto en lo que se refiere a las reformas de la jubilación parcial y anticipada, ya que su suspensión se produce “en un contexto de crisis” y afecta a personas que “ya no tienen capacidad de reorientar su carrera”.

Desde UPyD, Álvaro Anchuelo, advirtió de que estas medidas podrían tener efectos no deseables, como destrucción de empleo en el sector de las empleadas del hogar, mientras que Sabino Cuadra de Amaiur calificó el decreto de ser “un auténtico despropósito”.

Por parte de BNG, Olaia Fernández Davila acusó al Gobierno de “echar por tierra” las mejoras que la anterior regulación del régimen de empleadas del hogar había introducido.

Por último, Joan Baldoví de Compromis denunció que el Ejecutivo, al no actualizar las pensiones, lo que ha hecho ha sido “bajar estas prestaciones”.