La Ley de Acción Exterior, que está en fase de anteproyecto (lleva ya 25 borradores, según Margallo) se coló en el debate parlamentario en el que este ministro y su colega de Defensa, Pedro Morenés, solicitaron al Pleno de la cámara la ratificación de la contribución de España a la operación militar de Francia y la UE en Mali.

Lo hizo cuando el portavoz de CiU, Jordi Xuclá, se hizo eco de informaciones periodísticas que apuntaban que la citada ley constreñirá la capacidad de acción exterior de las comunidades autónoma.

Un aspecto especialmente controvertido cuanto que la Generalitat de Catalunya ha expresado su intención de pedir otros 9.000 millones al Fondo de Liquidez Autonómica y a la vez la de mantener su representación internacional.

El portavoz de ERC, Alfred Bosch, también aludió al tema de la acción diplomática de las comunidades cuando aseguró que el coste de las embajadas catalanas es la mitad de lo que costarán los 40 ó 50 instructores militares que España aportará durante 15 meses para formar a las fuerzas de Mali y la Cedeao que han de combatir a los grupos islamistas armados del norte del país.

En su réplica, Margallo aclaró que la pretensión del Gobierno es conocer las iniciativas exteriores que emprendan las comunidades para prepararlas mejor y poder contribuir a su éxito.

Puso como ejemlo que cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, viaja al extranjero, siempre tiene a su disposición personal del Ministerio para asesorarle, y que el propio Mas, en una actitud que calificó de "ejemplar", consultó con Exteriores antes de su reciente visita a Marruecos.

El ministro reiteró que la invitación que ha cursado a las comunidades autónomas a que integren sus representaciones exteriores en las del Estado se podrá "aceptar o no", y que en cualquier caso esto mismo está haciendo el Gobierno al reducir delegaciones integrándolas en las de la UE.

"Preferimos pagar ambulatorios que representantes en el exterior que estarían mejor integrados en la UE", proclamó Margallo, en una afirmación muy intencionada en tanto que Cataluña sí ha efectuado recortes en la Sanidad sin hacer lo propio en su acción internacional.

No obstante, luego matizó que él cree en la autonomía de las regiones y que tendrán que ser sus gobiernos los que expliquen a sus ciudadanos por qué recortan atención sanitaria y no "televisiones o embajadas".

En su siguiente intervención, Xuclá deseó que la voluntad de Exteriores sea la de coordinar y sumar esfuerzos, pero dijo que conoce la "tradición" del PP en este ámbito y, frente a la disposición constitucional que reserva la acción exterior al Gobierno central, defendió una "mutación constitucional" que reconozca la "realidad muy viva" de la acción internacional de las comunidades para su propia proyección económica y cultural.

El portavoz de CiU preguntó expresamente a Margallo si tiene intención de condicionar la acción exterior de las comunidades a su cumplimiento del objetivo de déficit.

A esta interpelación, el ministro contestó rotundamente que no, aunque reconoció que esta posibilidad se había barajado en alguno de los 24 borradores anteriores y que le parecería bien que, en caso de dificultades presupuestarias, se suprimieran actividades "superfluas" como las de la diplomacia autonómica.

"No se trata de limitar ni tutelar, sino de coordinar y potenciar esfuerzos", zanjó el ministro, asegurando que todas las representaciones de España en el exterior están al servicio de toda España, incluida Cataluña".

En su respuesta a la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, Margallo deslizó otro comentario claramente interpretable en el contexto de la iniciativa soberanista de la Generalitat de Catalunya.

Restando importancia al hecho de que Canarias se hubiera pronunciado, según Oramas, contra la pertenencia de España a la OTAN, el ministro recordó que esa decisión es competencia del "único sujeto político soberano que en España existe", que es el pueblo español.

Esta aseveración contradice explícitamente la Declaración de Soberanía aprobada en el Parlamento catalán el pasado día 23, que estableció como sujeto político y jurídico al pueblo de Cataluña.