Durante su comparecencia ante el Pleno del congreso, Mato apostó por un gran pacto sociosanitario, gracias al cual “unifiquemos y coordinemos las actuaciones de cada administración en cuanto a servicios sociales y a salud pública”.

“Ha llegado la hora de poner fin a las duplicidades, establecer qué competencias corresponden a la administración y de dar soluciones a los ciudadanos, que cuando tienen un problema no saben ni a cuál ni a cuántas ventanillas acudir”, subrayó Mato.

Por ello, y aunque la política social está transferida a las comunidades autónomas y así se recoge en la Constitución y en los estatutos de autonomía, la reforma de la Administración Local aclarará qué “competencias” corresponden a los ayuntamiento en este terreno, apuntó la ministra.

En su intervención, Mato también aseguró que gracias al catálogo de servicios sociales aprobado por su departamento, “todos los ciudadanos tendrán derecho a las mismas prestaciones con independencia del lugar donde vivan”, y mantuvo que el Ministerio no ha reducido la inversión en esta partida.

Mato respondía así al diputado socialista Francesc Vallès, quien acusó al Gobierno de planear una reducción en la aportación al Plan Concertado de prestaciones básicas de políticas sociales en corporaciones locales, “cuando más falta hace”.

"Hemos conocido su intención hace pocos días", precisamente ahora que “las familias necesitan más ayuda y cuando ha habido un gran aumento de la demanda (de prestaciones sociales), un incremento de la pobreza, y se disparan problemas como los desahucios”, destacó Vallès.

“Los ciudadanos están desesperados”, prosiguió el diputado, quien pidió a Mato que “ejerza de ministra de Asuntos Sociales” y no confunda esta política “con la beneficencia o la caridad”.