La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que con esta norma, según estudios del Ministerio de Economía y Competitividad, se generará en 10 años un aumento del 1,52% del PIB, de manera que, cada año, supondría un aumento del 0,15% del producto interior bruto, es decir, 1.500 millones de euros al año.

Se trata, señaló, de una de las reformas “más importantes” y “de las que hacen país”, ya que se elimina la “maraña normativa” que suponen las diferencias legales comerciales existentes entre el Estado y las administraciones autonómicas y locales.

Con esta ley, dijo, se beneficiarán las comunidades que más aportan al PIB como son Madrid, Cataluña y País Vasco.

Esta norma, que definió como una de las “reformas más importantes” que acomete el Ejecutivo, porque es “clave” para la economía española por su carácter “estructural”

Con esta ley, que inicia ahora su trámite parlamentario, se permite aplicar la legislación de origen para operar en todo el país, sin necesidad de permisos especiales para operar en una comunidad autónoma concreta. "Se basa en un principio de confianza mutua", recalcó la vicepresidenta, tras recalcar que estas trabas eran de las “quejas habituales” de los agentes económicos.

La norma, que iba incluida en el plan de reformas que el Ejecutivo trasladó a Bruselas para recuperar la competitividad de la economía española, “no perjudica a nadie” sino que “beneficia a todos”, recalcó Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta remarcó que “esta ley no es ley de armonización, no recentralización de competencias”, ya que las comunidades autónomas van a seguir teniendo las mismas competencias. Lo que ocurre, explicó, es que cuando una administración concede una licencia para operar, ésta servirá para que la misma empresa o autónomo pueda comerciar en otro punto de España sin necesidad de solicitar nuevos permisos. “Más que afectar a las competencias en negativo, les afecta en positiva”, apuntó.

Además, quiso dejar claro que “el Estado no dice cuales tienen que ser los requisitos” para conceder las licencias y, mediante esta norma, “nadie le dice a nadie lo que tiene que hacer”, respondió cuando fue preguntada por las posibles reticencias de las administraciones regionales, que son las que tienen la competencia en esta materia.

La vicepresidenta informó que, según algunos estudios, en cargas administrativas se pierde un 4,62% del PIB, y con esta norma se reducirá un 35%.

Una vez se apruebe la norma, los productores tendrán que pedir una sola licencia, en una Comunidad Autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país.

Con la norma, además, Además, se crea el Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano de cooperación administrativa para velar por el cumplimiento de la ley. El Consejo estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y contará con la participación de los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas.

El Consejo tendrá las funciones racionalizar la normativa e impulsar cambios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado. También hará seguimiento de los mecanismos de cooperación y en particular velará por la efectiva integración de los registros sectoriales. Coordinará igualmente la actividad desarrollada por las conferencias sectoriales en materia de unidad de mercado. La Secretaría del Consejo, entre otras funciones, elaborará un informe semestral de análisis y evaluación de la situación regulatoria del mercado.

Sin embargo, los datos comunicados por la Comisión Nacional de Energía en su informe 35/2012, de 20 de diciembre, sobre la propuesta de orden por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, ponen de manifiesto la aparición, para el último trimestre de este año, de un nuevo desajuste motivado por distintos factores.

En el texto, para garantizar la igualdad de condiciones de las empresas y profesionales en todo el territorio nacional, se incluye el principio de no discriminación. Esto evita, segun el Gobierno, que sea requisito necesario para dar una autorización a una empresa que los empleados de una ésta hayan recibido cursos de formación en esa CCAA.