Según informó el Instituto Armado, la banda, a través de una sociedad “pantalla”, hacía pequeños pedidos a fabricantes de productos cárnicos con el fin de ganarse su confianza. Una vez conseguida, realizaban otros pedidos de mayor envergadura que nunca abonan.

Los agentes han esclarecido un total de 66 delitos de receptación, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales, defraudación a la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal.

Se han intervenido 25.955 euros en metálico; joyas valoradas en 83.870 euros; cuatro vehículos de alta gama; dos ciclomotores; diversa documentación y efectos relacionados con el entramado criminal. Las diligencias, junto con los detenidos, han sido puestos a disposición del juzgado central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

Las estafas se llevaron a cabo en empresas de las localidades españolas. Entre ellas están Albacete, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Murcia y Madrid. Los arrestados también actuaron en Valencia, Castellón, Teruel, Barcelona, Lérida, Gerona, Cáceres, Málaga y Jaén. Finalmente también hubo estafas en Almería, Córdoba, Sevilla, Granada, Valladolid, Salamanca, Zamora, Soria, Pontevedra y Vitoria.

GANAR LA CONFIANZA

Durante la operación, la Guardia Civil ha bloqueado seis cuentas bancarias que contaban con un fondo de 79.901 euros y dos inmuebles de lujo, pertenecientes al cerebro de la red y que están valorados en más de 500.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2011, al tener conocimiento de una serie de estafas y falsedades documentales cuyo origen se centraba en una empresa ubicada en Albacete. El “modus operandi” era idéntico en todos los hechos delictivos investigados, tanto en la comisión de la estafa como en la forma de hacer desaparecer la mercancía y la omisión de los pagos.

La organización ponía al frente de una empresa denominada “pantalla”, especializada en el sector cárnico, a la figura del testaferro para ejercer las funciones de administrador. Esta persona recibía una compensación económica, aunque el control de la actividad lo llevaban terceras personas.

Normalmente, los arrestados empezaban realizando pequeños pedidos que eran abonados sin ningún problema y, una vez ganada la confianza de la empresa proveedora, efectuaban otros pedidos de mayor envergadura cuyos pagos ya no atendían.

Esta actividad se realizaba a nivel nacional y normalmente convenían condiciones de pago a 30, 60 o 90 días, tiempo del que disponían los estafadores para tratar de alcanzar el mayor número posible de empresas engañadas e intentar así acopiar gran cantidad de mercancía, la cual finalmente no abonaban. Asimismo, a través de otras empresas mercantiles receptadoras, establecían diferentes métodos para dar salida a los productos que se adquirían de forma fraudulenta.

La operación se ha desarrollado en cinco fases sucesivas, dentro de las que se han practicado dos registros domiciliarios en las localidades toledanas de Mejorada y Pepino.