En concreto, AI mostró “su preocupación” ante las declaraciones del director general de la Policía sobre que la futura norma podría limitar la captación y difusión de imágenes de agentes si esto pone en peligro su misión, así como ante las manifestaciones de la delegada del Gobierno en Madrid en las que aludía a una posible restricción del derecho de manifestación.

“Gracias a las grabaciones, se han podido demostrar el uso desproporcionado de la fuerza y agresiones contra personas que no suponían ningún riesgo para la seguridad”, destacó AI, e incluso “han servido para desmontar acusaciones falsas contra manifestantes”.

Por ello, exigió “aclaraciones” al Ministerio del Interior, al que también reclamó el fin de la impunidad policial.

LAS CARGAS DEL 25-S COMO EJEMPLO

“Muchos ciudadanos que participaban en protestas contra los recortes en Valencia, Barcelona y Madrid han recibido golpes y patadas, impactos por balas de goma y descargas de gases lacrimógenos sin mostrar ningún sígno de violencia, en lo que sin duda supone “un abuso y una violación contra los derechos fundamentales por parte de la policía”, apuntó AI.

Como ejemplo extremo de este fenómeno, Amnistía denunció el episodio ocurrido la noche del 25 de septiembre de 2012 tras la convocatoria denominada 'Rodea el Congreso' dentro de la estación de cercanías de Atocha en la capital.

A su juicio, las imágenes disponibles muestran cómo los agentes de policía golpearon de manera indiscriminada sin distinguir entre pasajeros y posibles manifestantes, lo que puso, dijo, en grave riesgo a los viajeros en la carga llevada a cabo en las mismas vías, incluso cuando los trenes estaban en movimiento.

La organización también señaló que cuando “estas personas denuncian las agresiones sufridas, a menudo no encuentran amparo en las autoridades”.

Las demandas por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía “ni se investigan adecuadamente ni, por lo tanto, se castiga a los responsables”,criticó.

Además,prosiguió, en los casos en los que se han iniciado las investigaciones, “muchas veces las denuncias quedan archivadas al no poderse identificar a los agentes implicados, cuando el uso del número de identificación personal en el uniforme es obligatorio”. De ahí la importancia de no restringir el derecho a la información , concluyó Amnistía.