En nota de prensa, la compañía manifiesta su “absoluta discrepancia” con la resolución de la Comisión Europea que impone una sanción de 66,8 millones de euros a la operadora, ya que asegura que los acuerdos alcanzados con Portugal Telecom hace dos años para la compra de la participación en la brasileña Vivo “se hicieron públicos de manera inmediata”.

Asimismo defiende que estos acuerdos “no han tenido, en ningún momento, impacto en los consumidores ni han alterado el desarrollo del mercado”.

En este sentido, critica que la resolución de la Comisión está basada en una cláusula del contrato entre Telefónica y Portugal Telecom que estaba condicionada a una verificación de legalidad y que “nunca tuvo aplicación”.

La compañía explica que, una vez se realizó el examen de legalidad y verificada la improcedencia de la restricción prevista en la cláusula, “ambas partes decidieron eliminarla del contrato”.