En concreto, el Gobierno quiere llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para establecer un plazo máximo, que podría ser de tres meses, desde que la persona solicita que se la evalúe para determinar si es o no dependiente, hasta que finalmente se la examina.

"Esta primera medida es un buen avance que esperamos se refleje en los sucesivos pasos previstos por la ley", declaró Ceoma a Servimedia.

Después de fijar un plazo máximo para la evaluación, el Ejecutivo quiere determinar también un tiempo máximo para el establecimiento del dictamen, el documento que fija el grado y nivel de dependencia del beneficiario, y otro para la fijación del Plan Individual de Atención (PIA).

La intención del Gobierno es que la agilización de este trámite se apruebe en el próximo Consejo Territorial de Dependencia, previsto para finales de diciembre o principios de enero del año que viene.