Fernández-Miranda explicó a Servimedia que, desde un punto de vista jurídico, la declaración de soberanía catalana no tendrá "ninguna validez", sino que se limita a ser "una decisión importante, seria, grave, pero con alcance exclusivamente político".

El constitucionalista argumentó que "ni el Derecho Internacional reconoce esa pretendida autodeterminación de los pueblos de la que habla la declaración ni lo reconoce el derecho interno", por lo que "jurídicamente no tiene ni cobertura internacional ni cobertura interna" y "carece de efectos. Otra cosa son los efectos políticos".

Fernández-Miranda detalló que "el Derecho Internacional reconoce el derecho de autoderminación de los pueblos sólo en los casos de pueblos colonizados y explotados, supuestos que no tienen nada que ver con Cataluña. Eso es obvio y está perfectamente estudiado".

Por lo que respecta al Derecho interno, indicó que el artículo 2 de la Constitución es "taxativo" al establecer la indisoluble unidad de la nación española.

La recomendación de Fernández-Miranda de hacer "caso omiso" a la declaración de soberanía catalana contrasta con la del expresidente el Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga, quien, también en declaraciones a Servimedia, instó al Gobierno a recurrirla ante el TC aunque no tenga valor jurídico.

Según Jiménez de Parga, le capacita para ello el artículo 161.2 de la Carta Magna, y "en este asunto no caben reacciones sutiles, equívocas. Si se atenta contra los fundamentos de la Constitución y se atenta gravemente al interés general de España, el Gobierno no puede quedar inmóvil".