Según informó IU, la proposición no de ley defiende que “no puedan “ejercer funciones en empresas privadas que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo, siempre que durante su mandato dichas empresas hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual”.

De hecho, el líder de IU, Cayo Lara, manifestó esta mañana, en una entrevista concedida a Servimedia, que ningún político debería trabajar “jamás” en empresas cuyo sector privatizó el Gobierno regional o nacional del que formó parte.

“En esas empresas no pueden ni deberían entrar jamás a trabajar personas que han formado parte de ese expolio que se ha hecho de lo público para dárselo a lo privado, porque nos va a quedar siempre la duda razonable de que lo que tenemos es una especie de caballo de Troya”, afirmó Lara, al ser preguntado por el caso del exconsejero de Sanidad madrileña Juan José Güemes.

Entre otras propuestas, la proposición no de ley de IU plantea y detalla una batería de actividades que los ex ministros y altos cargos no podían realizar desde el ámbito privado “en los cinco años siguientes al cese de sus funciones”.

La iniciativa presentada por Llamazares señala que para poder ejecutar estas restricciones de manera efectiva deben modificarse dos leyes: la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos, y la Ley 5/2006, de Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

El texto registrado plantea como principal objetivo “fijar limitaciones más estrictas en el ejercicio de actividades que realicen al término de su mandato” los ex cargos a los que va dirigido.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

IU exige también que estos ex altos cargos públicos tengan vetado “dar a sus asociados, clientes o empleadores consejos basados en informaciones no accesibles al público obtenidas durante su mandato”.

Además, la iniciativa plantea impedir que sea posible que puedan disponer de “participaciones directas o indirectas superiores al 10% en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier otra naturaleza con empresas públicas privatizadas en los 10 años anteriores”.

Llamazares, diputado de IU por Asturias, entiende que “los poderes públicos están llamados a adecuar la legislación para garantizar la imparcialidad de la acción pública en condiciones de máxima transparencia y prevenir la corrupción, robusteciendo la deontología de la función pública”.