La Federación entiende que "es una tomadura de pelo y un engaño a la opinión pública por parte del rector, decir desde la Universidad que se va a resolver el problema de asistencia a las personas con discapacidad y que ni estas personas, ni la Oficina Atención a la Discapacidad sepan nada al respecto".

Famma denuncia que "hace más de dos meses la Universidad retiró los apoyos que se venían prestando a las personas con discapacidad para poder acudir al baño. Una situación que ha propiciado que las familias tengan que acudir a la Universidad a ayudar estas personas con el consiguiente perjuicio para su vida laboral".

Esta federación sostiene que la Universidad "se salta a la torera todo el marco legal que protege al colectivo de personas con discapacidad, entre las que se encuentran, el Estatuto del Estudiante Universitario, la Ley Orgánica de Universidades, la Ley de Igualdad Oportunidades no Discriminación y Accesibilidad Universal, en definitiva, todo un amplio marco legal que protege al colectivo y que está siendo atropellado

por la Universidad".

En la actualidad, nadie en la universidad sabe nada al respecto, ni las propias personas con discapacidad, ni tampoco la propia Oficina de Atención a Discapacidad que, se supone, están para ayudar al colectivo.

La Federación entiende que con un mínimo porcentaje de parte de los salarios que cobran quienes dirigen la Universidad, se podría sufragar el coste de la inversión necesaria que resolviera este problema para varios años. Se podría volver a conceder las becas por las que se cubría este servicio tan básico y necesario.

El presidente de Famma Javier Font, concluye que "es una auténtica vergüenza que tengamos que estar a estas alturas de la vida, reclamando en la calle, a voz en grito, los derechos de las personas con discapacidad que han sido conseguidos gracias al sacrificio de tantas y tantas personas que han entendido que había que apoyar al colectivo para integrarlo en la sociedad. La mala gestión de estos pseudo gobernantes hace ingobernable la Universidad, la dejan en la más profunda de las miserias y siguen dirigiéndola como si no pasara absolutamente nada".

Por su parte, la Complutensa alega que ya no cuenta con "la generosa colaboración" de la institución privada que le facilitó técnicos especializados para prestar el mencionado servicio sanitario o de acompañamiento durante casi dos años y que, por lo tanto, no puede hacer frente al gasto que supondría contratarlo ahora.

La UCM asegura que este tipo de asistencias (llevar al baño a personas con discapacidad) solo pueden desarrolarlas personal técnico cualificado, de ahí que esta Universidad continúe buscando el apoyo de otras organizaciones públicas y privadas para poder dar la máxima ayuda a estos estudiantes.

Además, entiende que la Ley de Dependencia es la que ha de proveer a estos ciudadanos con los recursos humanos o materiales necesarios para cubrir estas necesidades "constantes y diarias". Y es que, apunta la institución, "estas necesidades de atención sociosanitaria son necesidades que los estudiantes tienen durante las 24 horas del día, independientemente de que se encuentren en sus hogares, en un centro asistencial, en un lugar de ocio o en la Universidad".