El secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, mantuvo una reunión este viernes con alcaldes del Consejo Territorial del partido, socialistas en la Junta de Gobierno de la FEMP, representantes de las consejerías autonómicas socialistas competentes en la materia y los portavoces en la Comisión del Congreso y Senado, entre otros cargos, para analizar la propuesta del Ejecutivo.

“El PSOE no puede apoyar el texto del anteproyecto propuesto por el Gobierno porque incumple todos los objetivos que dice perseguir: ni racionaliza la estructura organizativa según los principios de eficiencia y equilibrio financiero, ni clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades y tampoco garantiza su control financiero”, sentenció Zarrías en el encuentro, según informa el PSOE.

A su juicio, el anteproyecto de reforma de la administración local supone “una nueva vuelta de tuerca en el desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos” y esconde, en realidad, un “ataque a otro pilar fundamental del Estado de Bienestar” como son los servicios que los ayuntamientos prestan a los ciudadanos.

Zarrías, que durante estos meses ha negociado la reforma con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, afirmó que el propósito de Cristóbal Montoro es llevar a cabo “un retroceso democrático, además de un atentado contra la autonomía local”.

El PSOE considera que el nuevo sistema local que prepara el Gobierno "va a significar servicios municipales más caros, una menor eficiencia y el resultado será más recursos públicos para las empresas privadas” y "no va a suponer un ahorro de 3.500 millones de euros como pregona el Ejecutivo".

"Este es el verdadero propósito del Gobierno: el desmantelamiento de la red de servicios públicos municipales y su entrega al sector privado previéndose eso sí, su rentabilidad al asegurar la subida de tasas y precios públicos para aumentar el lucro”, añadió.

Finalmente, denunció que Montoro quiera arrebatar a los alcaldes algunas decisiones de gestión para dejarlas en manos de funcionarios cuando ellos "no son escogidos directamente en las elecciones". "Los aspectos que generaban nuestro rechazo se mantienen ahora”, remachó Zarrías.