La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue prudente sobre la financiación ilegal de UDC en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya que no quiso hacer valoraciones políticas de ningún tipo sobre el caso.

Sáenz de Santamaría recalcó que el Ejecutivo "mantiene relaciones institucionales con administraciones y grupos parlamentarios" y que es a los tribunales a quienes les corresponde determinar las "responsabilidades judiciales".

Tampoco quiso comentar si Duran i Lleida puede ser un interlocutor válido una vez que la Justicia ha demostrado que hubo financiación ilegal en el partido político que él dirige.

"El Gobierno no decide quiénes son los presidentes y portavoces de partidos y grupos parlamentarios. Cada partido decide en cada caso a quién pone en cada puesto", dijo. "Yo no voy a entrar a decidir quién representa mejor".

Por su parte, el ministro del Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió posteriormente los indultos que el Gobierno de Rajoy ha aprobado en su primer año de legislatura, entre los que se encuentran dos medidas de gracia en marzo de 2012 para dos exdirigentes de CiU condenados por malversación.

Gallardón indicó que "este Gobierno está haciendo un uso muy prudente del derecho de gracia" y defendió que "la regulación es la adecuada", por lo que no necesita cambiarse.