Así lo anunció este miércoles el coordinador federal de IU y líder de dicho grupo parlamentario, Cayo Lara, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la federación en Madrid.

La iniciativa, firmada por Cayo Lara y José Luis Centella, propone que el Congreso inste al Gobierno a llevar a cabo una serie de medidas a tal efecto.

Así, proponen que se establezca que concurren causas económicas para objetivar la extinción de contratos de trabajo cuando de los resultados de la empresa se desprenda una “progresiva evolución económica negativa que haya conducido a una situación de pérdidas y que impidan el desarrollo de la actividad de la empresa”.

Además, pide que se establezca que en el caso de despido improcedente,” sea el trabajador el que pueda optar a la readmisión” en su puesto de trabajo.

También propone que cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario “abone una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 42 mensualidades”.

En la rueda de prensa, Lara dijo que “esto se ha pagado en situaciones económicas peores” a la actual y se preguntó por qué ahora, que hay más Producto Interior Bruto (PIB) que nunca y el país es más rico que antaño, no se puede.

DELITO

Además, la iniciativa propone que se tipifique como delito de desobediencia civil el incumplimiento por parte del empresario de los derechos del trabajador en caso de despidos sin causa justificada”.

En la iniciativa, La Izquierda Plural afirma que “son muchos los ejemplos que en la actualidad podemos encontrar de empresas que tienen beneficios y, sin embargo, despiden a sus trabajadores de forma fácil y barata bajo unas supuesta razones económicas que enmascaran la búsqueda de contrataciones más precarias o una deslocalización empresarial”.

En la rueda de prensa, el coordinador federal de IU y líder de La Izquierda Plural citó los casos de Telefónica, Acciona, UPS, el diario El País o Roca.

“Abaratar, descausalizar y facilitar el despido se planteaba como una de las soluciones a la crisis y como una herramienta para procurar mayor estabilidad y calidad en el empleo”, continúa la iniciativa.

Sin embargo, añade el texto, “las empresas sólo invertirán y generarán empleo en el sector privado cuando tengan expectativas de vender en el mercado sus servicios o productos”. “En plena recesión y con la demanda deprimida, abaratar el despido significa automáticamente mayor destrucción de empleo”, asegura IU.

Para el grupo parlamentario liderado por IU, “reducir el coste del despido no va a procurar que nuestra economía sea más eficiente, ni más productiva, ni va a conseguir que el empleo que se cree, cuando se cree, sea de mayor calidad”.