Esta investigación de la Oficina del Defensor del Pueblo, que, según el Cermi, debería extenderse también al resto de personas con discapacidad que sin ser reclusas están privadas de libertad por estar sometidas a una medida de seguridad, tendría por objeto determinar el grado de respeto de sus derechos humanos y el nivel de apoyos y recursos que reciben en el medio penitenciario por razón de sus discapacidades, para que estas no supongan una intensificación de sus condenas.

En opinión del comité, esta encuesta debería abarcar también el desarrollo del proceso penal, como fase previa a la prisión, para comprobar si está diseñado con las suficientes garantías para detectar preventivamente el grado de imputabilidad de las personas infractoras, a fin de evitar que personas con discapacidad inimputables según las leyes penales acaben en el medio penitenciario por un mal funcionamiento de sistema judicial.

El Cermi ya acometió por sí mismo en 2007 el primer estudio sociológico global sobre la situación de las personas con discapacidad en el medio penitenciario y considera que es el momento, casi seis años después, de actualizar la investigación para constatar si se han producido avances y para plantear medidas de mejora.