Llamazares señaló a Servimedia que Carromero se ha beneficiado de unas gestiones del Gobierno que han permitido un "proceso exprés" de repatriación en virtud del convenio bilateral España-Cuba para la ejecución de sentencias judiciales, cuando estos trámites suelen tardar entre un año y un año y medio.

El militante de Nuevas Generaciones fue condenado en julio a cuatro años de prisión por "homicidio imprudente" al volante, puesto que conducía el coche en el que murieron en accidente de tráfico en Cuba los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero. En virtud del citado convenio, España solicitó que cumpliera la pena en España, y el 29 de diciembre comenzó a hacerlo en Segovia.

El diputado de IU ha registrado esta semana en el Congreso una pregunta dirigida al secretario de Estado de Justicia en la que se interesa sobre lo que está haciendo el Ejecutivo por los 2.500 españoles que actualmente están presos en cárceles extranjeras, el 83% de ellos por delitos relacionados con drogas, pero que no han gozado de una intermediación tan diligente por parte del Gobierno

Ahora, Llamazares confía en que en Moncloa "se atengan a la legalidad" y no premien al militante popular con un nuevo trato de favor concediéndole "un tercer grado falso" cuando aún no ha cumplido dos tercios de la condena de cuatro años, o regalándole el indulto.

A su modo de ver, esto "sería una barbaridad", pero no le "extrañaría nada", porque el PP está propalando la especie de que "no hubo delito", aunque el Ejecutivo sí lo reconociera para garantizar la repatriación de Carromero, y los populares, denunció, "se pasan los convenios por el arco del triunfo".

Una de las declaraciones en este sentido fue la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien afirmó que el militante de Nuevas Generaciones Ángel Carromero "no es un delincuente". Otro tanto hizo este jueves el diputado Pablo Casado.

A ambos les recordó Llamazares que el Gobierno ya firmó que Carromero cometió un delito de homicidio imprudente reconocido como tal en España, requisito indispensable para que pueda cumplir su condena en este país de acuerdo con el convenio. Con este reconocimiento oficial, añadió el diputado de IU, "cae por tierra el argumento de Aguirre".