Según el texto que recoge el BOE a instancias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la sentencia ordenaba que se vuelva a dictar el laudo tras escuchar las alegaciones de la filial de bajo coste Iberia Express.

El origen del litigio se remonta a la creación, a finales de 2011, de la compañía operadora de corto y medio radio Iberia Express, que desembocó en varias jornadas de huelga por parte del Sepla y en la cancelación de cientos de vuelos.

Para resolver el conflicto, el Gobierno designó un mediador, Jaime Montalvo, y, ante la falta de acuerdo, estableció posteriormente un arbitraje obligatorio, cuya decisión fue recurrida por Iberia Express ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional al entender que le afectaba y que no se había podido pronunciar al respecto.

En su sentencia, los magistrados consideraron que Iberia Express debía estar presente en el arbitraje, ya que éste le obligaba a aplicar un convenio que le limitaba su posibilidad de contratar a sus pilotos, restringía su capacidad de obrar y, “todo ello, sin haberle dado la ocasión de formular alegación alguna en el procedimiento arbitral”.