Según informó la Policía, desde que se iniciaran las actuaciones, en agosto de 2011, se han desarrollado un total de siete operaciones policiales que se han saldado con la detención de un total de 47 personas por diversos delitos, entre ellos, robo con fuerza, hurto, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes y usurpación de personalidad.

Además, durante las investigaciones han sido recuperadas un total de 25 máquinas sustraídas o apropiadas ilegalmente en diversas partes del territorio nacional, y cuyo valor supera el millón doscientos mil euros.

Esta maquinaria tenía como destino su venta en otras partes del territorio nacional, en algunos casos, o su venta y exportación ilegal a países norteafricanos o de Oriente Medio, en otros.

VARIAS REDES

En el operativo destinado a la desarticulación del entramado criminal, que estaba formado por varias redes organizadas dedicadas al robo y apropiación indebida continuadas de maquinaria, han participado más de un centenar de agentes.

El inicio de las actuaciones se produjo en agosto de 2011, cuando la Benemérita detectó la ocurrencia de sustracciones de maquinaria de obra pública previamente alquilada en varios concesionarios del ramo en lugares tan dispares como Villarrobledo (Albacete), Albacete, Jaén, Peligros (Granada), Molina de Segura (Murcia), Daimiel (Ciudad Real), Seseña (Toledo), Almazora (Castellón) y Ciempozuelos (Madrid).

Ante tal oleada de hechos similares, se procedió a un estudio detallado de las circunstancias de cada caso. Se concluyó que el alquiler y posterior desaparición de estas máquinas no eran hechos aislados y casuales, sino que todo obedecía a un plan previamente diseñado (el tipo de máquinas sustraídas, los lugares de descarga, los periodos de alquiler, el modo de alquilarlas, etc.).

La investigación y estudio de los casos puso de manifiesto que la mayor parte de las personas que participaban en estas acciones tenían amplios y profundos conocimientos del sector de la construcción de obras públicas. Se supuso, además, que contaban con la infraestructura adecuada para sustraer, ocultar, modificar y comercializar las máquinas que acopiaban fruto de sus acciones ilícitas.

Durante las investigaciones, la Policía Nacional y la Guardia Civil detectaron diferentes formas de actuación por parte de la trama ahora desmantelada.

BÚSQUEDA EN INTERNET

En la primera de las operaciones puesta en marcha, que fue bautizada como “operación Góndola”, se comprobó cómo con antelación al alquiler de las máquinas, los integrantes de la trama indagaban en Internet y en el sector empresarial apropiado.

Los arrestados localizaban empresas con amplia solvencia y reputación de las que utilizaban sus principales datos y los de sus directivos, para, haciéndose pasar por éstos, contratar la máquinas que precisaban, algunas incluso ya eran solicitadas con un encargo previo.

Los contactos normalmente se mantenían por teléfono o Internet, lo que dificultaba poner cara al verdadero autor de los hechos. Posteriormente, cerrado el acuerdo de alquiler, se pagaba una pequeña fianza que se ingresaba en las cuentas bancarias de la víctima desde oficinas bien distanciadas de sus sedes.

Las máquinas se depositaban en polígonos industriales, en la mayoría de los casos poco transitados, con la excusa de realizar en ellos algunos trabajos, y desde allí se trasladaban a locales convenientemente alejados, donde se ultimaba el golpe, para lo que se modificaban las características externas y de identificación.

MANIPULACIÓN

Posteriormente daban de baja los teléfonos o no se atendía a quienes llamaban para interesarse por sus máquinas, una vez descubierto el engaño. Los trabajos no existen, tampoco las empresas empleadas podían dar explicación a lo sucedido, y la única persona a la que los transportistas que trasladaban las máquinas veían, utilizaba DNI falsificado a nombre de una persona que realmente existe pero ajena a todo este entramado.

En el primero de los casos investigados por la Guardia Civil, los miembros de la banda se aseguraban su impunidad utilizando como base de operaciones un taller de reparación de máquinas de oficina en Casillas (Murcia). Los responsables de recoger y modificar las máquinas sustraídas vivían de forma itinerante, alojándose en habitaciones de hoteles de carretera, y asegurándose de no ser detectados para lo cual empleaban a una mujer, quien se encargaba de hacer las reservas a su nombre, lo que suponía una seria dificultad a la hora de localizarles y seguir sus movimientos.

Una vez conseguidas las máquinas, tras las manipulaciones oportunas, eran exportadas por un precio muy inferior a su valor real de mercado, al norte de África (Mauritania, Marruecos, etc.) donde actualmente existe un mercado emergente de este tipo de herramientas y su control es meramente improbable. Para la exportación se empleaban varias mercantiles, establecidas legalmente, pero bajo el control de varios miembros de la organización, lo que añadía una dificultad más para su descubrimiento.