El Defensor del Pueblo emitió durante el año pasado cerca de 600 resoluciones e inició unas 400 investigaciones de oficio. Asimismo, respecto al año anterior los expedientes de queja aumentaron un 20 por ciento.

Los temas que más preocupan a los españoles, a la vista de los asuntos planteados a la institución, son principalmente económicos. En concreto, los asuntos que lideraron las quejas recibidas en 2012 fueron los relacionados con hipotecas, desahucios, participaciones preferentes, paro y cobro de prestaciones sociales.

Igualmente, en 2012 la institución presentó varios monográficos: “Crisis económica y deudores hipotecarios”, “La realidad catastral en España” y “La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles”. También publicó su informe correspondiente al año 2011 y el relativo a su actividad como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura durante el pasado año.

DESAHUCIOS

Entre las recomendaciones presentadas por Becerril destacan las incluidas en el informe monográfico “Crisis Económica y Deudores Hipotecarios”, destinadas a luchar contra los desahucios. Igualmente, está preparando un informe sobre las viviendas de protección pública vacías que existen en España, tras detectar a través de diversas investigaciones numerosos casos de personas pertenecientes a colectivos vulnerables que pasan mucho tiempo a la espera de que se les adjudique una.

Respecto a las preferentes, la defensora inició una investigación de oficio sobre este tema y dirigió dos recomendaciones al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para reforzar la protección de los clientes de productos financieros y para que se cree un mecanismo de reclamación extrajudicial efectivo y en sede administrativa. Además, tiene previsto presentar un informe monográfico sobre este asunto en los primeros meses de 2012.

Por otro lado, ha reiterado la recomendación de que el despilfarro sea tipificado como delito en el Código Penal y ha pedido que sea obligatorio incluir en el presupuesto de cada proyecto de infraestructura pública todas las partidas previstas hasta su conclusión. Además, considera imprescindible que antes de realizar una nueva infraestructura se evalúe su uso social.

Soledad Becerril también ha recomendado un tratamiento específico para las víctimas del terrorismo en el futuro Estatuto de la Víctima. Así, ha formulado una serie de recomendaciones, entre ellas que se establezca un sistema permanente de comunicación con todas las víctimas del terrorismo de modo que éstas conozcan las decisiones en materia antiterrorista y tengan voz ante las administraciones con respecto a las cuestiones que les afectan.

Asimismo, en colaboración con los defensores autonómicos de toda España, la Oficina del Defensor del Pueblo coordinará un informe sobre el estado de las urgencias hospitalarias de todo el territorio.