De ellos, 171.191 pactaron la rescisión del contrato en los órganos de mediación y arbitraje (Imac), y en la mayoría de los casos llegaron a acuerdos sobre la cuantía de la indemnización, que se situó en una media de 1.922.000 pesetas.

Otros 76.453 se vieron incluidos en expedientes de despido colectivo, mientras que los casi 40.000 rstantes plantearon su caso ante los Juzgados de lo Social, que en el primer semestre del año dictaron indemnizaciones por un importe de 23.332 millones de pesetas.

Los datos del Ministerio de Economía muestran que los despidos se incrementaron muy notablemente por la vía de los expedientes de rescisión de contratos y las resoluciones de Magistratura, un 38,5 y un 33,8 por ciento respectivamente, mientras que disminuyeron un 5,8 por cien los pactados en el Imac.

La gravedad de estas cifras se ponede manifiesto al considerar que, de mantenerse la tendencia de los ocho primeros meses, habrá unos 370.000 a fin de año, una cota superior a la registrada en todos los ejercicios desde 1986.

En realidad, es muy probable que la cifra final supere ampliamente los 400.000 como consecuencia de la avalancha de despidos pactados que produjo la propuesta de Gobierno de hacer incompatible el cobro de la indemnización de despido y el seguro de paro, en la que luego dio marcha atrás.

MAS CONFLICTIVIDAD

Tnto la fórmula de los despidos colectivos como las rescisiones pactadas se utilizaron, sobre todo, en los sectores del metal, textil, comercio al por menor, así como en la construcción y la alimentación.

Los Juzgados de lo Social resolvieron, sólo en el primer semestre del año, 32.863 demandas de despido, lo que refleja un fuerte incremento de la litigiosidad laboral, puesto que supone un aumento del 36,5 por cien respecto al mismo periodo del año pasado.

De ellas, 11.983 fueron resoluciones favoables a los trabajadores y 4.812 se inclinaron por las tesis de los empresarios, mientras que el resto quedaron zanjadas mediante conciliaciones o desistimiento de alguna de las partes.

En conjunto, las comunidades que acumularon un mayor número de despidos son Cataluña, Madrid y el País Vasco. Esta última autonomía registró, sobre todo, una elevadísima cifra de despidos colectivos, con 63.454 afectados hasta julio, último mes para el que se dispone de información desglosada por comunidades.

Sin mbargo, el deterioro más espectacular se produjo en Cataluña y en Castilla y León. En la primera, hubo 74.149 despedidos por esta vía, frente a 19.527 en el ejercicio anterior. En la segunda, pasaron de 7.194 a 33.988.