Según el Ejecutivo, se trata de un plan “realista e innovador", que “reafirma los objetivos de la cooperación española: contribuir al desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos”.

La concentración de recursos será una de sus principales novedades, y esta se producirá tanto a nivel geográfico -disminuyen los países de asociación- como sectorial, con menos líneas de actuación.

Así, se reducen a ocho las áreas de acción fundamentales: gobernabilidad y procesos democráticos; reducción de la vulnerabilidad a la pobreza extrema (seguridad alimentaria, protección social y prevención); promoción de oportunidades económicas; fomento de los sistemas de cohesión social (educación, salud, alimentación y agua); promoción de los derechos de las mujeres; mejora en la provisión de los bienes públicos globales (desarrollo sostenible); acción humanitaria, y educación para el desarrollo.

PAÍSES DE ASOCIACIÓN

La política de cooperación española solo mantendrá asociación con Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Mauritania, Marruecos, población saharaui y Territorios Palestinos, Malí, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Filipinas.

Además, se definirán “estrategias de salida” para aquellos Estados en los que deja de haber cooperación como tal y se apostará por las estrategias diferenciadas y por los enfoques regionales.

El nuevo plan trata, según el Gobierno, de reforzar la colaboración y coordinación con ONG y el sector privado, en línea también con la agenda internacional de desarrollo.

Esta política de cooperación contará con un sistema de seguimiento y evaluación novedoso, basado en un marco de referencia que fijará los objetivos, resultados, indicadores y fuentes de verificación. De este modo, dice el Ejecutivo, se podrá ejercer una mayor rendición de cuentas y establecer mejor responsabilidades en la ejecución de la ayuda oficial al desarrollo y de la política de cooperación.