Tras su paso por el Congreso, donde se ratificaron las enmiendas del Senado, sólo queda su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)para que entre en vigor el próximo 1 de enero.

Esta nueva ley establece, entre otros, un impuesto del 7% a la generación de producción energética y nuevas medidas impositivas a la nuclear.

El diputado socialista José Segura, portavoz del PSOE en esta materia, denunció que esta norma se produce en un “año en el se está cayendo el sistema energético nacional” con las medidas que ha adoptado el Departamento que dirige José Manuel Soria, quien estaba desde su escaño pendiente de las intervenciones.

En este sentido, Segura criticó que no se ha aprovechado para modernizar el sistema energético y denunció a la vez la falta de rigor, seriedad, método y caos con el que se ha tramitado parlamentariamente esta normal. Ha sido un “esperpento”, afirmó Segura.

Calificó de “esperpento” la tramitación parlamentaria de este proyecto

Por su parte, el diputado de CiU, Josep Sanchez Llibre, acusó a Soria de “falta de sensibilidad industrial” y de ser el ministro “más antiindustrial” de la democracia.

A su juicio, los “grande sbeneficiarios” de esta norma serán países como Alemania, Francia e Italia, que se benficiarán de la falta de competetividad de las empresas españolas y de la “deslocalización” del tejido industrial que se generará, según Sánchez Llibre, de la aplicación de esta ley. La norma, dijo, “hiere mortalmente al tejido industrial español”.

La diputada de Izquierda plural Laia Ortiz afirmó que el ministro tiene “fobia” a las energía renovables y que, desde que está en el Ministerio, ha cometido “decisiones erráticas” en el sector. A su juicio, el país necesita una “planificación energética” y pidió que “dejem de demonizar” a las energías renovables.

Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán dijo que la “mala ley” que salió del Congreso, tras su paso por el Senado, es peor y ello supondrá “consecuencias graves” para la economía española y “muy graves” para el sector energéctico español como motor de desarrollo económico. El diputado señaló que la ley demuestra que el Gobierno no tienen política energéitca sino una estrategia “púramente recaudatoria”.

En la misma línea, el peneuvista Pedro Aspiazu denunció que se necesita un “modelo energético claro” y que la propuesta del Gobierno con esta norma no es una solución satisfactoria.

Por último, el parlamentario popular Antonio Erias subrayó que con la norma se busca medidas para que el déficit de tarifa no sea un problema “irresoluble”. Destacó que en 2004 el déficit de tarifa era de 1.800 millones y, a noviembre de 2011 se incrementó hasta los 24.000 millones de euros.