En declaraciones a la Cope recogidas por Servimedia, Wert manifestó que “no hemos dejado de hablar hasta la tarde de anteayer (martes)”, coincidiendo, dijo, con el pacto de gobierno alcanzado entre CiU y ERC, momento en que “una de las partes, que no es la nuestra, ha dejado de mostrar interés”.

Los días previos un equipo del ministerio se trasladó a Barcelona para buscar un consenso con la Generalitat y lo mismo sucedió con responsables del departamento de Enseñanza catalán que se desplazaron a Madrid, explicó el ministro.

Wert subrayó que “hemos mostrado la mayor voluntad para que la Generalitat se encontrara cómoda” en lo tocante al tratamiento de las lenguas en la Lomce, cuyo anteproyecto (a excepción de la memoria económica) superó ayer la última Conferencia Sectorial entre Ministerio y comunidades autónomas antes de ser remitido al Consejo de Estado.

Pese a ello, tras dicha reunión Cataluña volvió a pedir la retirada del texto (igual que Andalucía y Asturias), mientras que País Vasco y Canarias mostraron ciertas discrepancias.

Durante la entrevista, Wert defendió uno de los aspectos más controvertidos de la futura norma, por el que la Generalitat deberá asumir lo que cueste escolarizar en colegios privados a aquellos alumnos que deseen estudiar en castellano como lengua vehicular y no puedan hacerlo en la red pública o concertada.

Dijo que cbría preguntarse por que “el Estado con todo su poderío tiene que recurrir a esto para garantizar el derecho” y no es capaz de imponer una enseñanza pública del castellano, prosiguió, aunque dado “el reparto de competencias con las comunidades autónomas, lo cierto es que (el Gobierno central) no puede instalar su propio sistema educativo” en ellas.

La gestión educativa está transferida a las autonomías y estas son las que la ofrecen, por lo que la opción de “sancionar” a Cataluña parece muy poco razonable, señaló Wert.

“ALGO HE DEBIDO HACER MAL”

El ministro reconoció que “algo he debido hacer mal” para recibir tanta contestación entre profesores, rectores y alumnos, aunque destacó que en sus “intenciones no ha habido ningún ataque ni desconsideración hacia la comunidad educativa”.

En su opinión, el problema “de fondo es que siempre hemos abordado las cuestiones educativas como si fueran exclusivamente un asunto de recursos”, y aunque ignorar este aspecto “sería una simpleza”, el gasto educativo solo explica un 20% de los resultados.

De ahí la necesidad de reformar el sistema, prosiguió Wert, quien resaltó que “existe más consenso del que se cree” en cuanto “al diagnóstico” y a “las líneas generales de las soluciones técnicas”.

Aseguró que se lo han comunicado “privadamente” responsables educativos y políticos y por ello no se mostró demasiado escéptico de cara a conseguir mayor consenso durante el trámite parlamentario de la ley.

Preguntado sobre la asignatura de Religión, Wert señaló que el Gobierno se limita al “estricto cumplimiento” de los Acuerdos firmados en 1979 con la Santa Sede, “tal como el PSOE ha hecho muchos años”.

“Estos acuerdos son muy claros, y si el PSOE no los comparte, podría haberlos denunciado entonces”, dijo en respuesta a la petición de Rubalcaba para que la asignatura de Religión desaparezca del currículum académico.

Siempre que “sea opcional, la posibilidad de recibir enseñanza religiosa parece razonable”, y así sucede en la mayoría de los países europeos y está contemplado en la Constitución, concluyó Wert.